Glosaba el exsecretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta, en un magnífico artículo publicado en abril de 2021 de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en el que bajo el título de Cómo mueren las democracias alerta sobre la debilidad de los sistemas democráticos para protegerse de esos políticos que si alcanzan el poder erosionan los usos y costumbres democráticos. Y concluía su acertado análisis afirmando que "la democracia española empieza a presentar síntomas que anticipan posibles dolencias".
Pues bien, sólo un año y tres meses después esos síntomas de dolencia se han transformado en graves manifestaciones de una enfermedad que amenaza con erosionar los fundamentos de nuestro sistema de libertades, de la economía mercado y de la democracia, a través de la ocupación por el Ejecutivo de las principales instituciones independientes del Estado.
Una evidencia más del ramalazo de autoritarismo dictatorial que caracteriza a Sánchez y su gobierno socialcomunista que inició con el CIS, junto a la Fiscalía General del Estado la nómica de instituciones ocupadas, y a las que siguieron el Tribunal de Cuentas y el CNI, para ampliara ahora el inventario con Indra y el Instituto Nacional de Estadística INE, mientras lanza sus garras hacia el Tribunal Constitucional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Especialmente revelador de esta estrategia que podríamos definir como la tezanización de las instituciones, en alusión al servil José Félix Tezanos, ha sido la dimisión forzada del hasta ahora presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, por revelar la realidad de una gravísima situación económica que nada tiene que ver con el cuento de la lechera propagandístico de la sociedad Sánchez&Calviño y Cía. Cómo si el cambio de la metodología, que no tiene el aval de Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE y vulnera el Plan Estadístico Nacional, sirviera para falsear la auténtica situación de estancamiento del PIB, la espiral inflacionista, el empobrecimiento general de España y de los españoles y de una situación económica en las puertas de la estanflación. Realidad que ha venido a confirmar el reciente dato del IPC adelantado de junio que ya supera los dos dígitos, el 10,2%, la más alta en 37 años y con una inflación subyacente, sin contar la energía y los alimentos frescos, del 5,5%, que no se veía desde agosto de 1993.
Y dentro de la gravedad de estas maniobras de ocupación -por cierto, que vayan remojándose las barbas en la AIREF- preocupa sobremanera el caso de Indra que, recordemos, es la empresa encargada de los sistemas de las elecciones en España, lo que ha encendido la luz roja en la oposición, en la judicatura y en el mundo empresarial porque como apuntaba el vicesecretario institucional de Partido Popular, Esteban González Pons, "el CIS hace las encuestas, el INE el censo e Indra cuenta los votos".
Quizás deberíamos empezar todos a darnos cuenta, y especialmente los partidos democráticos y las instituciones que todavía resisten, que lo que está en juego no es sólo el prestigio de España y la credibilidad de nuestras cuentas, que también, sino y principalmente los derechos y libertades de cada uno de los españoles y la separación de poderes como pilar básico y garante de la democracia.
Como señalan los citados Levitsky y Ziblatt en su Cómo mueren las democracias, "deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; niega la legitimidad de sus oponentes; tolera o alienta la violencia; o indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación". Cualquier parecido con la realidad de hoy, aquí y ahora, no parece mera coincidencia.
