Madrid
La Justicia, como institución, pasa estos días por sus momentos más bajos tras el espectáculo dado por sus señorías de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con las seis sentencias sobre el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la constitución de hipotecas inmobiliarias.
En 200 años de existencia del Tribunal Supremo nunca se había dado una situación igual. Los propios magistrados han sido conscientes de que se ha tocado fondo y de que la imagen del Alto Tribunal ha quedado muy deteriorada. En el mundo de la Justicia, los diversos colectivos consideran que esta crisis es el reflejo del Estado en que se encuentran tanto las instituciones del Poder Judicial como las del Legislativo y del Ejecutivo.
Y lo malo es que entre los principales factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de apostar por un país están la existencia de una legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente. Por ello, el sistema judicial y la calidad de la regulación son claves para valorar la competitividad como país, y merecen la atención del sector empresarial.
Importancia de un sector privado sano
El Informe Doing Business 2019, elaborado por el Banco Mundial, afirma que una economía no puede prosperar sin un sector privado sano. Cuando las empresas locales florecen, crean empleos y generan ingresos, que impulsan el consumo y la inversión nacional.
Por ello, consideran sus autores que cualquier Gobierno racional, al que le importe el bienestar económico y el avance de su país, pondrá atención especial a las leyes y regulaciones que afectan a las pequeñas y medianas empresas locales (pymes) La regulación empresarial efectiva permite a las micro y pequeñas empresas la oportunidad de crecer, innovar y traspasar la actividad de la economía informal a la formal.
Las economías que ocupan los puestos más altos por la facilidad de hacer negocios son aquellos que siempre han diseñado la regulación de los negocios o cuyos entornos regulatorios han evolucionado gracias a su reforma integral a lo largo los años. Así, las tres principales economías de este año son Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca, mientras que España ocupa el puesto trigésimo en el ranking.
Existe consenso en la literatura económica y en las reflexiones de muchos organismos internacionales (por ejemplo, OCDE, World Economic Forum o la Comisión Europea), sobre cómo la Justicia es una de las instituciones claves que posibilitan el buen funcionamiento de la sociedad y de lo contrario, de cómo la ineficacia de la Justicia incide en aspectos tales como la creación de empresas, el empleo y, en suma, en el crecimiento económico.
Un estudio de la Comisión Europea de 2017 que analiza ciudades de Italia, Polonia, Rumania y España muestra que las empresas ubicadas en lugares con un mejor ambiente para los negocios tienen un mejor desempeño de las ventas, el empleo, así como del crecimiento de la productividad y de las inversiones. Así, que concluye que reducir el costo de las empresas locales para hacer negocios mejoraría su eficiencia y la competitividad en el exterior y fomentar las inversiones, que son críticas para el crecimiento regional.
Las elevadas cargas administrativas cuestan a las empresas españolas que las soportan un total de 500 millones de euros, según datos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que considera que esa cantidad podría ahorrarse si se eliminasen hasta 92 de esas normas.
Estas cargas, a juicio de la patronal de empresarios, dificultan la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y su desarrollo, la solicitud de ayudas y subvenciones públicas, el acceso a la contratación, modelos impositivos, la tramitación de los contratos de personal y otros ámbitos empresariales.
La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en el artículo 37, donde se decía que las administraciones públicas que, en el ejercicio de sus competencias, creen una nueva carga administrativa, se tienen que comprometer a eliminar otra.
Tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, entre otras medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así como crear o mantener dentro de los servicios de sus Administraciones un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación.
Desde este punto de vista, el proceso de simplificación de procedimientos va dirigido a identificar y realizar propuestas de mejora del diseño de los procedimientos vigentes en el ámbito de una determinada Administración Pública para que éstos, además de adecuarse a las necesidades existentes en cada momento, operen con la máxima economía, y alcancen el mayor grado posible de eficacia y eficiencia.
La comparación de las estadísticas internacionales más importantes sobre el desempeño de la Justicia refleja que en España la resolución de litigios civiles y mercantiles está por encima de la media europea (264 días en España, frente a 246 en la UE), en recursos económicos invertidos en la Justicia y en capital humano nos encontramos fuertemente por debajo de la media (el gasto público destinado a los tribunales en España es de 27 euros por persona frente a una media en la UE-15 de 50,4 euros; en 2014 teníamos en España 11,2 jueces por 100.000 habitantes, frente a los 21 de media de los países analizados por la a Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia -CEPEJ-).
Una sucesión de decisiones 'atropelladas'
El magistrado José Manuel Bandrés, en su voto particular a las sentencias que desarrollaban el acuerdo del Pleno que obliga a los clientes de la banca a pagar el Impuesto, estima que, a partir de la sentencia, "el poder legislativo debe adoptar las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), sirviéndose para ello de su amplio margen de configuración normativa, para determinar con precisión y claridad el sujeto pasivo de este impuesto".
Dice Bandrés que "es incuestionable que, en el supuesto que examinamos, la defectuosa técnica normativa utilizada por el legislador para determinar la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados ha generado, por la incertidumbre jurídica creada entre los destinatarios de la norma, una erosión grave del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución. Considera, además, que resulta evidente que solo el legislador puede corregir de forma solvente y con carácter definitivo la laguna legal apreciable en el texto normativo analizado".
Con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre (RD-L) nada más conocerse la avocación a Pleno, se ha podido comprobar que las prisas nunca son buenas consejeras, porque esta norma se ha basado en determinar como causa de "urgente y extraordinaria necesidad" la existencia de inseguridad jurídica, cuando no existe mayor seguridad que mantener un criterio jurídico que se venía aplicando durante más de 20 años y en el caso de modificarlo que sean los jueces quienes lo interpreten con serenidad, cosa que tampoco se ha dado en este caso.
En la judicatura ha quedado la impresión de que se ha confundido el criterio de excepcionalidad con el de oportunidad política a la vista de los graves olvidos que tiene la citada norma, que ahora deberá pasar por el Parlamento y que, servirá para retrasar la entrada en vigor de la futura Ley de Contratos Hipotecarios.
Los magistrados recuerdan las palabras del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes en la apertura del Año Judicial, en las que recordaba algunas reacciones a decisiones judiciales que han desembocado, "incluso, en ataques personales a magistrados, alentados no solo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del respeto institucional"; y alertaba de que "las visiones sesgadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial pueden afectar a la libertad de ánimo y al sosiego con que ha de ejercerse la responsabilidad constitucional de juzgar".
El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2017 el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2018 que contiene 287 normas legislativas, de las cuales nueve tienen categoría de ley orgánica, como la de protección integral contra la violencia de género o la financiación de las autonomías. El plan incluye aparte de las leyes orgánicas, la aprobación de 38 leyes ordinarias y 240 reales decretos. Además, contempla no solo las iniciativas legislativas del Ejecutivo, sino que 44 de las normas serán transposición de un total de 52 directivas europeas a la legislación estatal. La realidad ha sido muy distinta y la situación parlamentaria ha supuesto un frenazo a la aprobación de reformas legislativas fundamentales.
Desesperación de jueces y magistrados
Los 50 jueces decanos de España, reunidos en unas jornadas de trabajo, celebradas en Melilla, entre los días 15 y 18 de octubre pasado instaban al legislador a que reforme de forma sustantiva de las reglas que rigen los contratos de financiación a consumidores con o sin garantía hipotecaria.
Con ello pretenden que se sintonice la normativa española con las normas y jurisprudencia de la Unión europea y que, de igual modo que sucede en países como Alemania, regulen normativamente las condiciones contratadas no negociadas individualmente e incorporadas en este tipo de contratos, ya sea reformando el Código Civil o trasponiendo la Directiva 2014/17/UE, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, bajo la rúbrica de Ley reguladora de los contratos de crédito, tras los reiterados tirones de orejas de la Comisión Europea por el retraso legislativo español.
Esta solicitud la realizan ante la perspectiva de que continúe o incluso se incremente- la extraordinaria entrada de asuntos relacionados con condiciones generales de la contratación que en los últimos años está sufriendo la jurisdicción civil y que hace más difícil que los ciudadanos reciban una respuesta pronta y sin dilaciones indeseables.
El Parlamento lleva evitando desde hace año, incorporar, aunque sea parcialmente, al ordenamiento español la protección prevista en la Directiva 2014/17/UE para reforzar la tan reclamada seguridad jurídica, para las partes contratantes, y garantizar el equilibrio entre ellas.
En la misma línea, instan reformas procesales para afrontar los pleitos masa: mediante sentencias in voce sin necesidad de redacción posterior, pleito testigo, extensión de efectos, intereses a las entidades bancarias similares a los previstos en la Ley de Contrato de Seguro.
En relación con los Juzgados especializados en cláusulas suelo los jueces decanos denuncian la precariedad que padecen y la carga "insoportable" de asuntos que mantienen. Dado que se prevé el mantenimiento de estos juzgados, exigen que se dé cumplimiento a la palabra de los responsables del Ministerio de Justicia y del CGPJ, en el sentido de asignar o designar un juez de refuerzo más por cada 800 nuevos asuntos, incluso recurriendo a los sustitutos externos; así como los medios materiales y personales necesarios.
Consideran también urgente una previsión normativa que exija a aquellas empresas que prestan servicios a través de Internet en España que tengan representación en nuestro territorio que se vea obligada a responder a los exhortos, evitando así la necesidad de realizar comisiones rogatorias que nunca son cumplimentadas, generando un alto índice de impunidad en todos aquellos delitos cometidos a través de medios electrónicos.
Por otra parte, apuntan que la regulación orgánica de las competencias del Juez Decano contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -artículo 166- y artículos 85 y 86 del Reglamento 1/2000 de órganos de gobierno del Poder Judicial, son tan genéricas y ambiguas que generan constantes conflictos tanto con administraciones prestacionales como con otros cuerpos que sirven en la Administración de Justicia. Reclaman, por tanto, un reglamento específico que desarrolle y actualice de forma concreta y precisa las competencias de este órgano gubernativo, incluyendo exenciones de reparto y liberaciones automáticas totales o parciales a partir de un determinado número de unidades jurisdiccionales.
En cuanto reformas sobre instrucción penal, aseveran que debe insistirse un año más en la necesidad de que los jueces cuenten con el debido asesoramiento económico y contable, especialmente en la tramitación de causas por corrupción, por lo que urge la creación de un cuerpo de peritos contables judiciales. También consideran imprescindible revisar el sistema de recursos durante la instrucción de las causas, ya que retrasa las mismas en exceso.
Finalmente, llaman la atención sobre el enorme retraso que generan los aforamientos en la tramitación de las causas, al margen de que se trata de un privilegio procesal de difícil justificación salvo casos muy excepcionales.
En sus conclusiones, los jueces decanos concluyen que con miles de causas complejas (la mayor parte de ellas relacionadas con la corrupción) y avalanchas de demandas (productos financieros, cláusulas abusivas, ejecuciones hipotecarias, despidos, concursos, etc…), "es sorprendente que en España la justicia esté funcionando razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo su obligación como garante de los derechos de los ciudadanos", afirman.
Por si esta situación de muestra del deterioro institucional que sufre la Justicia fuese poco, el pasado 19 de noviembre jueces, secretarios de la Administración de Justicia y funcionarios protagonizaron una huelga exigiendo reformas urgentes. Los responsables del Ministerio de Justicia, han vuelto a poner sobre la mesa el compromiso para la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mantienen paralizada los grupos de la oposición, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupera derechos sociales para jueces y fiscales como los permisos y licencias, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales. La reforma, con asuntos urgentes, se encuentra bloqueada el Parlamento.
También, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), reunidos entre los días 2 y 4 de octubre, destacaban en sus conclusiones una serie de principios programáticos en materia de reforma del sistema de justicia, entre los que se incluían la reforma de la necesidad de modernizar el sistema procesal penal, que supere el modelo actual, lastrado en su funcionamiento y con una exasperante lentitud y el estancamiento de la mediación penal, puesto que las Administraciones no se han involucrado en la formación, ayuda material y difusión de este instrumento procesal.
También, destacan que la organización territorial judicial no responde a criterios de racionalidad y eficacia. Se trata de "una reforma judicial acuciante y es responsabilidad de quienes ostentan el poder ejecutivo abordar el diseño de un nuevo modelo de organización judicial", manifestaban los presidentes de los TSJ, así como la necesidad de afrontar una reorganización funcionarial y una política decidida de redistribución de funcionarios.
Y concluyen reclamando la mejora del sistema de justicia sobre el triple eje de refuerzo de la independencia judicial, progreso en la calidad y eficacia de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones de ejercicio de la jurisdicción.
La cruzada del empresariado
La CEOE en sus Conclusiones del encuentro sobre Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía, celebrado el pasado verano en Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que participaron un nutrido grupo de expertos del ámbito de la Justicia, la Empresa y la Economía, que "es conveniente que el Parlamento alcance acuerdos para desarrollar un marco que permita aumentar la confianza de los inversores".
Entre las posibles soluciones que se plantean, destacan: la redefinición de la planta judicial y el modelo de juzgado, dotar a la Justicia de más medios, incrementar el uso de nuevas tecnologías, potenciar el principio de seguridad jurídica y fomentar la mediación.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell –que acaba de abandonar su puesto-, señalaba que "dentro de los principales factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de apostar por un país están la existencia de una legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente. Por tanto, nuestro sistema judicial y la calidad de nuestra regulación son claves para valorar nuestra competitividad como país, y merecen y tienen toda la atención del sector empresarial que representamos".
José María Campos, directos de Régimen Interno y Legal de CEOE, señalaba, por su parte, que "es necesario completar la modernización de nuestra Justicia con una actividad legislativa que incentive que las partes resuelvan sus conflictos sin necesidad de acudir al litigio, tal y como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno que sufrían este mismo problema". "Entre todos debemos buscar reducir esta litigiosidad" –concluyó Campos.
En las conclusiones de la jornada se plantearon una serie de propuestas de mejora de la Administración de Justicia englobadas en tres grandes grupos: reformas dirigidas a agilizar el funcionamiento de la Justicia, reformas dirigidas a desincentivar la litigiosidad y reformas de la legislación concursal.
Finalmente, es preciso destacar que el Ministerio de Hacienda y CEOE y Cepyme vienen desarrollando desde 2008 convenios anuales para la eliminación y simplificación de cargas administrativas que afectan a las empresas españolas.
Tras diez años, la labor desempeñada en este ámbito por CEOE y Cepyme se concreta en más de 390 iniciativas, muchas de ellas aprobadas en Consejo de Ministros, lo que ha supuesto un ahorro para el sector de cientos de millones de euros. Para realizar toda esta labor CEOE y Cepyme cuentan con el apoyo de la Red Empresarial de Cargas Administrativas (Redca) integrada por unas 130 Organizaciones empresariales.
Los empresarios saben que cuando la Justicia se quiebra, las empresas pierden y cuando la Administración no legisla con acierto, las empresas son las que lo pagan e impera la inseguridad jurídica.
