La libertad de los presos del procés y el 'buenismo impostado' del Gobierno

El equipo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha buscado un seguro para que el Tribunal Supremo (TS) no ponga objeciones a la puesta en libertad de los condenados por el procès, tras la publicación de los indultos en el BOE.

La clave sobre la que ha basado sus argumentos se encuentra, fundamentalmente, en la conocida como sentencia del 'Kamikaze', de noviembre de 2013, en la que el Alto Tribunal negó la gracia gubernamental al considerar que "se exige, por disposición legal, la especificación y el conocimiento de las razones de justicia, equidad o utilidad pública". Y es por ello, que las justificaciones del Gobierno se han basado en el concepto de utilidad pública, uno de los tres exigibles.

Sin embargo, esta no ha sido la única enseñanza que el equipo de Campo ha sacado de la sentencia del 'Kamikaze', porque, además, han subrayado un párrafo que les da la suficiente seguridad jurídica de que el procedimiento no se va a parar y los condenados van a salir a la calle sin mayores dilaciones.

En este párrafo, el TS establece que el control jurisdiccional no puede extenderse al núcleo esencial de la gracia -es decir, a la decisión de indultar o no-, ni a la valoración del contenido de los requisitos formales, pero sí a la concurrencia de arbitrariedad en la concesión.

Esta arbitrariedad, queda, a primera vista descartada si se cumple alguna de las tres condiciones antes referidas. Así, pues, el TS deberá atenerse a que el indulto es un acto discrecional del Gobierno, que requiere que explique las razones de la concesión o, en su caso de la denegación.

Otra cuestión será, cuando lleguen los recursos a la Sala de lo Penal y los magistrados deban entrar a fondo en las razones planteadas en los recursos de aquellas personas, físicas o jurídicas, legitimadas para hacerlo.

"Este es un debate jurídico sobre el que pivotan una amplia serie de responsabilidades jurídicas"

Tanto Vox, como el PP si finalmente se le considera apto para recurrir, han anunciado que irán por la vía del autoindulto. Se trata de un tema de interpretación jurídica, sobre el que ya apuntaron los magistrados en el informe en el que la Sala se mostró contraria a la concesión de los indultos.

El Gobierno, por su parte, considera que se trata de una competencia del Ejecutivo de carácter político, negando las fuentes consultadas que dicen que se trate de un acto llevado a cabo por el Gobierno como cúpula de la Administración del Estado.

Este es un debate jurídico sobre el que pivotan una amplia serie de responsabilidades jurídicas, que de tener razón el Gobierno no afectarán a las normas publicadas en el BOE, pero que se serlo podría llevar a la nulidad y a los penados a volver al régimen penitenciario.

La razón de utilidad pública sobre la que basa el Gobierno su decisión es que la permanencia en prisión de los encarcelados por el procés venía siendo el principal escollo para hablar entre catalanes, y entre catalanes y el resto de Españoles. También argumenta que la prisión alimentaba el victimismo del independentismo, mientras los indultos, ahora, les van a restar argumentos.

Tanto Pedro Sánchez, como el resto de su Gabinete, en sus explicaciones sobre lo que supone la hablaban de fomentar la concordia y la convivencia y consideran que aunque creen que lo que hicieron en 2017 los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia fue muy grave, muchos catalanes los siguen viendo como referentes y no consentirán que se avance para reducir la tensión hasta que no estén en la calle y se rebaje la tensión. Se trata a todas luces de un acto de amor, un 'buenismo impostado' del Gobierno.

Asimismo, han resaltado que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras -ha renunciado a retomar la vía unilateral. Sin embargo, han decidido blindar la medida de gracia manteniendo la inhabilitación para cargo público y la condicionalidad de no delinquir en una serie de años, entre tres y seis.

Esta visión choca con el informe del Supremo, que ha rechazado por unanimidad conceder los indultos al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificaran la concesión de la medida de gracia.

Chascarrillos entre juristas 

Diversos juristas de prestigio bromeaban al señalar que durante años han debatido y escrito tratados y tratado sobre el concepto de utilidad pública sin llegar a un entendimiento doctrinal. Y sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha definido con enorme facilidad: "Utilidad pública es todo aquello que sirva para que Sánchez siga un día más en el Gobierno".

Los chascarrillos van en la línea del propio informe del Tribunal Supremo, que con la máxima seriedad argumentaba que "Conceder el indulto sería una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal".

Las cosas no son fáciles. Rull aseguraba que no se recuperará la normalidad pese a que el Gobierno haya aprobado indultarle a él y al resto de dirigentes independentistas, y ha destacado que si Sánchez quiere a los catalanes, que los deje votar.

Una imagen lamentable

La tensión con los jueces ha crecido muchos enteros estos últimos meses. El último esperpento ha sido la aprobación por la Asamblea de Europa de un informe en el que se compara a la democracia y la Justicia española con la de Turquía. Un informe aprobado con los votos favorables de los representantes socialistas y de Unidas Podemos.

Las asociaciones judiciales montaron en cólera al observar que se tomaban como ciertos los argumentos de las defensas de los encausados por el procés.

La imagen de España por los suelos, mientras Laya, la ministra de Exteriores lanzaba a los cuatro vientos que "con los indultos la imagen internacional de España ha salido fortalecida".

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