Madrid
La Fiscalía General del estado se ha convertido en uno de los arietes del Gobierno para reinventar la Constitución española. Desde que Sánchez designó a Dolores Delgado, para la Fiscalía General del Estado, siendo ministra de Justicia en activo, demostró que su actual objetivo es tener todos los puestos relevantes bien atados, con gente de su máxima confianza. Por ello, la actuación de oficio de la Fiscalía General, en torno al rey emérito, la que rebajaba su petición de condena para el exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, y la solicitud del archivo de la causa del 8-M, aunque jurídicamente justificables han encendido todas alarmas en buena parte de la población, por la inoportunidad de semejantes coincidencias, con las estrategias políticas de UP.
El problema es que estas actuaciones han venido acompañadas acusaciones y presiones sobre la juez instructora desde el propio Ejecutivo y desde los partidos que lo sostienen, así como más que sospechosos ceses en la cúpula de la Benemérita, protagonizados por el ministro de Interior, Grande-Marlaska. Ahí quedan, además las peticiones de desmilitarización, y las críticas de los informes realizadas por Iglesias, como ya hizo con las de Alsasua o en el Procés, mientras guardaba silencio ante las investigaciones por corrupción caían en las filas del PP. Lamentable.
En esta línea se puede inscribir la bronca parlamentaria que promueve Unidas Podemos para, en paralelo con la investigación de la Fiscalía, montar una comisión parlamentaria sobre los movimientos de capital de las presuntas comisiones cobradas por el Rey emérito, Juan Carlos I. Una maniobra en la línea de debilitar la institución monárquica y de esconder las responsabilidades de los ministros podemitas en los graves errores de gestión en la lucha contra la pandemia del Covid-19.
Mientras tanto, la propia Fiscalía tiene abiertas 200 investigaciones penales y 194 diligencias civiles en toda España sobre la actuación de las residencias de ancianos. Uno de los capítulos más negros de la gestión de la pandemia, en el que la Fiscalía aún no ha decidido actuar de oficio en torno a las presuntas negligencias del responsable del mando único, que no era otro que el vicepresidente Iglesias, que no hace más que echar balones fuera cada vez que tiene un micrófono. ¿Si no tenía competencias, que pinta en el Gobierno?
Un horizonte en el corto plazo
Los ministros de Pedro Sánchez se han profesionalizado en el arte del anunciar medidas legislativas rupturistas, de una forma críptica, sin dar pistas sobre el objetivo o el calado de las mismas. Así, tienen la ventaja de poder desmentir o matizar lo pregonado, según la reacción social que despierte su anuncio, incluso con desmentidos, más que reiterados, entre los propios miembros del Gobierno.
Es por ello, muy preocupante el comentario, a modo de oráculo predictivo, del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso esta semana, cuando anunciaba que "estamos ante una crisis constituyente" y que, "aunque estamos ante una crisis sanitaria con enormes brotes económicos, lo realmente determina es una crisis constituyente. Y no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente, no podemos dejar a nadie fuera". No olvidemos que estamos ante un contrastado jurista, no ante un lerdo iletrado. Tras las palabras de Campo, La ministra de Defensa, Margarita Robles, matizaba que si bien la Constitución puede ser modificada, "lo que no puede desaparecer de ella es ese espíritu de convivencia que puso en común lo que unía y a un lado lo que separaba".
Poner en duda el modelo constitucional, como ha hecho Campo, genera en estos difíciles momentos un proceso de desestabilización
Lo que estas afirmaciones vienen a desvelar que el Gobierno se apresta a acometer de inmediato cambios en la Constitución. Que este es el objetivo para estabilizar su actual mayoría, con los comunistas de Unidas Podemos (UP), con los nacionalistas vascos y con los independentistas catalanes. Así, lo ha ratificado, ante la piedra arrojada y la escondida de mano de Campo, el senador popular Rafael Hernando, que achaca estas declaraciones a que el Gobierno está "contaminado" por las tesis independentistas y de Unidas Podemos.
Cabe mencionar, a modo de simple ejemplo, que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha ofrecido al independentismo catalán discutir acerca de posibles cambios en el Título VIII de la Constitución que permitan un encaje diferente de Cataluña dentro de España, aunque ha rechazado reiteradamente negociar en torno al derecho de autodeterminación, que entraría de lleno en el Título I de la Carta Magna, y haría mucho más complicada la reforma constitucional. Aquí podrían caber los acuerdos del Gobierno con ERC.
Poner en duda el modelo constitucional, como ha hecho Campo, genera en estos difíciles momentos un proceso de desestabilización que no ayuda a superar la crisis sanitaria ni la económica que se intuye muy dura y larga.
¿Es posible cambiar la constitución?
Desde la llegada a la Moncloa del actual Gobierno bicolor, estos anuncios sorpresa, principalmente en lo tocante a los derechos fundamentales, muchos de ellos atropellados sin base jurídica suficiente, durante el estado de alarma por el Covid-19, se han generalizado, mediante una ambigua técnica legislativa.
La respuesta a si es posible cambiar la Constitución en las actuales circunstancias, la encontramos en la propia Carta Magna. Así, en el artículo 167 y subsiguientes, se establece que los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, Si no hay acuerdo entre ambas Cámaras, se debe crear una Comisión paritaria de diputados y senadores, que presente un texto que será votado por el Congreso y el Senado. En el caso de no lograrse esta reforma, y si el texto obtiene el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, puede aprobarla. Además, ésta tiene que ser sometida a referéndum cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Así, Sánchez tendría asegurada una mayoría para realizar un proceso de reforma de la constitución con tan solo dos tercios de los votos en cada Cámara.
Más complicado sería modificar los derechos fundamentales de los españoles, por cuanto para la revisión total de la Constitución o una parcial de los dos primeros Títulos, es preciso la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, pero acto seguido, se debe proceder a la disolución inmediata de las Cortes. Así, serán las nuevas Cámaras elegidas las que por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras deban ratificar la decisión. Además, una vez aprobadas, deberá ser sometida a referéndum para su ratificación.
Constitucional y judicatura
El objetivo de Sánchez se centra ahora en la renovación del Tribunal Constitucional, que es el garante e intérprete de la Carta Magna, desaparecido en la práctica durante la pandemia, con un presidente que ya ha vencido su mandato, junto con otros tres de los 12 miembros. Y en parecida situación se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de reactivar la designación de miembros de los altos tribunales, tras varios meses sin nombramientos. a la espera de su renovación.
Carlos Lesmes, su presidente lleva más de año y medio en funciones, a la espera de un acuerdo parlamentario. Así, hay que designar a 12 vocales entre jueces y magistrados; y por otro, cuatro que propone el Congreso y otros cuatro el Senado. Sin acuerdo, Sánchez ha perdido la oportunidad de nombrar magistrados en los Altos Tribunales, próximos a las tesis defendidas por el Gobierno.
La posibilidad de reforma Constitucional del Gobierno tiene una amenaza seria: la situación económica. La crisis y la dependencia de la UE y de las instituciones financieras internacionales, como ha sucedido con otros países, presionarán para frenar las veleidades radicalizadas de los Gobiernos, directamente en lo que al capítulo del gasto se refiere, y los cambios pregonados por el Ejecutivo, como las nacionalizaciones, requieren partidas presupuestarias específicas. Aquí, tiene un papel que jugar la ministra de Economía, Nadia Calviño, hasta ahora freno de las iniciativas más derrochadoras del Gobierno y retén de los inversores.
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