El tipo de interés medio aplicado a las nuevas hipotecas sube 30 puntos básicos entre finales de 2018 y abril de 2019, según el Banco de España. Se trata de una evolución que no tuvo réplica en otros países de la UE, debido a la política monetaria ultralaxa del BCE.
Pero cuenta con una clara explicación si se considera el modo en que han crecido los costes de ese tipo de préstamos para las entidades en nuestro país. Fue precisamente a finales de 2018 cuando se abrió el debate sobre quién debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
El Supremo sorprendió al atribuirlo a los bancos, luego rectificó, pero el Gobierno, por decreto, volvió a eximir a los prestatarios de esta obligación. La nueva Ley Hipotecaria, que terminó de tramitarse en los meses posteriores, siguió la misma tendencia y ha repercutido en el sector financiero los costes por gestoría, notaría y registro, esto es, el 87 por ciento de los desembolsos que firmar una hipoteca genera. Sin duda, el Congreso tiene plena legitimidad para establecer un cambio de esta índole. Es más, la responsabilidad de tales pagos sufría una indefinición comparable a la que Actos Jurídicos presentó hasta noviembre. De hecho, en 2015, el Supremo declaró abusivo que todas estas cargas recayeran sobre el cliente.
Reglas judiciales claras
Ahora, con la nueva norma, las reglas quedan totalmente claras y se evitará así una nueva avalancha de litigios. Ahora bien, también debe reconocerse que la banca tiene que soportar mayores cargas en un negocio como el crediticio, cuya recuperación es muy lenta. En un contexto así, agravado por la imposibilidad de que haya alzas de tipos en la eurozona, no puede sorprender que las entidades tengan que recurrir a diferenciales más altos.