Madrid
La semana pasada, BBVA celebró un consejo de administración inusual, no solo porque fue el primero presidido por Carlos Torres. La reunión estuvo marcada por la revelación de la campaña de espionaje que el excomisario Villarejo orquestó para BBVA en 2004, cuya ilegalidad, según todos los indicios, era conocida por el actual presidente de honor de la entidad, Francisco González.
Pese a la magnitud del escándalo, el consejo se inhibió de actuar, y reafirmó la actitud de tolerancia con el enrocamiento de González en su puesto que el banco ha presentado en las últimas semanas. Se trata de una postura que implica grandes riesgos, sobre todo en el caso de una empresa cotizada.
Por ello, la CNMV no debía guardar por más tiempo silencio ante este caso. Las declaraciones públicas de su presidente, Sebastián Albella, instando al consejo de BBVA a analizar más a fondo la posibilidad de que González se marche, resultan necesarias.
Como Albella subraya, ése es el proceder cuando existen sospechas de que un alto ejecutivo ha violado el código de buenas prácticas de su propia empresa (como es actualmente el caso). Con este paso adelante de la CNMV, ya son varias las instituciones económicas de primer orden que muestran su preocupación por la continuidad de González. Lo hicieron el Ministerio de Economía, el BCE y, asociado con este último, el Banco de España.
La acumulación de esta presión debe abocar a la salida del presidente de honor de BBVA. Todavía no está judicialmente imputado (aunque esa situación puede cambiar en breve), pero resulta ya innegable que González ha perdido la imprescindible presunción de honorabilidad que se le exige a todo alto ejecutivo bancario europeo.
