El Gobierno saliente de Susana Díaz reveló, este mes, uno de los secretos mejor guardados en Andalucía: el número y distribución de los empleados de su Administración pública.
El documento es especialmente interesante en lo que se refiere al "sector instrumental", esto es, a la amplia red de consorcios, sociedades y fundaciones creada por la Junta. Es ahí donde, desde hace décadas, se sospecha que radica la Administración paralela creada con el único fin de enchufar a personas afines al PSOE andaluz.
La cifra que revela el informe de la Junta es, por sí sola, escandalosa, ya que muestra que existen ahora 26.971 individuos empleados en el sector instrumental. Pero aún más inaudito resulta que ese número es inferior en 3.072 personas a la única cifra oficial sobre el volumen de esta plantilla que la Junta hizo pública en 2018.
Dicho cómputo procede de un análisis de los Presupuestos del año pasado, los últimos elaborados por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ocupaba la consejería encargada de esa competencia. En otras palabras, el capítulo de gastos de personal de las cuentas que Montero aprobó no recogía las remuneraciones de más de 3.000 empleados públicos.
Es inconcebible que un error de esta magnitud pase inadvertido. Mucho más probable parece una ocultación intencionada. Es más, el repentino afán del Gobierno saliente por hacer aflorar la cifra correcta de empleados, a pocos días de que el nuevo Ejecutivo presidido por el PP tenga acceso a todos los números, abona esta última hipótesis. Los indicios apuntan así a una conducta injustificable por parte de la actual ministra, que compromete gravemente fondos públicos, por la que debe dar explicaciones.