El Gobierno garantiza un alza salarial a los funcionarios del 2,25%, a la que se podría sumar otro 0,5% variable. En todo caso, se trata de una subida muy superior al 1,7% en el que el IPC terminará 2018, según las previsiones del Ejecutivo. El gasto público crecerá así aún más en un año como el próximo en el que las pensiones se revalorizarán un 1,6% (más una paga extra aún no descartada en enero) y regresará el subsidio especial para parados de larga duración.
En ese escenario, un gesto de esta índole hacia los funcionarios puede generar réditos electorales, pero implica un alto coste en forma de riesgos para mantener la estabilidad presupuestaria cuando todavía no está claro cómo el Gobierno elevará los ingresos fiscales.
