La elaboración de la nueva ley hipotecaria en el Congreso se prolongará dos semanas más. El hecho de que la norma se tramite por la vía de urgencia no evita una nueva demora, debida ahora a la disparidad de opiniones entre los partidos y a la alta carga de trabajo de las comisiones parlamentarias.
La trasposición de la directiva europea sobre hipotecas se retrasará así más, pese a que la UE demandaba que estuviera lista en 2016 y a que amenaza con sanciones. Pero las posibles multas no son el mayor perjuicio que puede causar la nueva demora.
El mercado hipotecario español experimentó un parón en octubre, provocado por la discrepancia entre salas del Supremo a la hora de determinar quién debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos. Desde entonces, nada cambió en teoría para las hipotecas ya firmadas pues el Tribunal reafirmó que esta carga recae sobre el cliente. Sin embargo, siguen produciéndose sentencias en contra de la banca en este sentido (un fallo en Málaga contra el Santander así lo demuestra).
El conflicto sobre Actos Jurídicos sigue así abierto, mientras se plantean otras polémicas
En cuanto a los nuevos créditos, un decreto del Gobierno atribuye la carga a las entidades, pero esta norma plantea dudas sobre su constitucionalidad. El conflicto sobre Actos Jurídicos sigue así abierto, mientras se plantean otras polémicas, como quién debe correr con los gastos de gestión.
Como resultado de toda esta incertidumbre, la parálisis del mercado hipotecario se prolonga ya durante un mes. Es un tiempo excesivo, que no sólo daña al mercado inmobiliario sino al conjunto de la economía, ya que las hipotecas son también un vehículo clave en las relaciones entre sociedades mercantiles. La aprobación de una nueva ley hipotecaria que aclare las reglas de juego en este ámbito resulta urgente.