La reforma de la Ley Hipotecaria, pendiente desde 2016, puede incorporar en los próximos días un cambio de calado. En su diseño original, el proyecto de transposición de la normativa europea sobre estos créditos se limitaba a fijar las normas para que el reparto de los gastos de una hipoteca fuera transparente y claro.
Con todo, la norma no explicaba cómo hacer ese reparto. Ahora, tras la polémica generada en torno al Impuesto de Actos Jurídicos, los partidos sí quieren definir las reglas. Por ello, existe ya consenso en el Congreso para señalar a los bancos como responsables de los gastos de gestoría, notaría y registro, esto es, el 87% de los desembolsos que firmar una hipoteca genera. El porcentaje llegaría al 100% si prospera la iniciativa de Podemos de que las entidades también paguen la tasación.
Sea cual sea el resultado, el Congreso tiene plena legitimidad para establecer cambios de esta índole. Es más, la responsabilidad de tales desembolsos sufre una indefinición comparable a la que pesaba sobre el Impuesto de Actos Jurídicos. De hecho, en 2015, el Supremo declaró abusivo que todas estas cargas recayeran sobre el cliente. Desde entonces, los bancos reparten varias de ellas con los prestatarios e incluso asumen la derivada del registro del contrato.
Pero, como ocurría con Actos Jurídicos, resulta necesario que las reglas queden totalmente claras y se evite así una nueva avalancha de litigios. Ahora bien, también debe reconocerse que la banca se ve obligada a asumir mayores cargas en un negocio como el crediticio, cuya recuperación aún es muy lenta. En este contexto, no puede sorprender que las entidades tengan que repercutirlas en forma de diferenciales más altos o alza de comisiones.