Sánchez se equivocó. Preparó con meses de antelación la manera de complacer a los independentistas para ganarse su apoyo al Presupuesto. La ministra de Justicia, María Dolores Delgado, nombró a finales de junio a Consuelo Castro como abogada general del Estado y directora de los servicios jurídicos. La magistrada, que fue la letrada del Prestige y buscaba desde hace tiempo volver a Madrid, era proclive a suprimir el delito de rebelión de la acusación a los líderes del procés.
Los socialistas habían ofrecido este gesto a ERC, con conocimiento de Oriol Junqueras. Pero la reacción furibunda del presidente de la Generalitat, Quim Torra, arrastró a sus socios de Esquerra. Torra retiró el apoyo al Presupuesto tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía.
El nerviosismo cundía esta semana en las filas socialistas. Desde el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al presidente dan por hecho que tendrán que prorrogar las Cuentas Generales del Estado y, lo que es peor..., asumir las del PP.
El 24 de febrero es la fecha límite que marca la ley para convocar elecciones generales y cumplir con el mandato de que sea con más de dos meses de antelación previos a las autonómicas y municipales de mayo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún tiene la esperanza de que los independentistas den marcha atrás. Retrasará hasta febrero la presentación del proyecto en el Congreso para dar tiempo a una negociación de última hora.
El 24 de febrero es la fecha límite que marca la ley para convocar elecciones generales y cumplir con el mandato de que sea con más de dos meses de antelación previos a las autonómicas y municipales de mayo. En función de las negociaciones con otros grupos y del resultado electoral en Andalucía se decidirá si poner fin a la legislatura.
La postura oficial frente a la Prensa es la de resistir hasta 2020. En caso de no sacar adelante el Presupuesto, el Ejecutivo quedaría maniatado desde el punto de vista económico. Solo podrá incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros y la subida de las pensiones, que cuenta con el plácet de toda la Cámara.
Afortunadamente, las subidas de Impuestos en Sociedades y para las rentas altas, así como el destope de las cotizaciones sociales quedarán en el tintero. Un inesperado alivio. No se descarta el apoyo puntual de los independentistas a alguna medida, como la tasa a las transacciones financieras. Pero el alza del gasto social en educación o sanidad por unos 2.000 millones será pospuesto.
En Moncloa existe una sensación de derrota, porque todos sus gestos han sido en vano, como ya le ocurrió a Rajoy, y el conflicto entre el Estado y la Generalitat quedará enquistado
La advertencia de Bruselas de que el déficit se irá al 2,1 por ciento, en lugar del 1,8 por ciento previsto por la titular de Economía, Nadia Calviño, es también ya papel mojado. Aunque es improbable que el déficit quede en el 1,3 por ciento, como prometió el PP.
Febrero es una fecha clave, porque en marzo se conocerá la sentencia del procés y después será imposible pactar cualquier cosa con el independentismo. De hecho, en Moncloa existe una sensación de derrota, porque todos sus gestos han sido en vano, como ya le ocurrió a Rajoy, y el conflicto entre el Estado y la Generalitat quedará enquistado durante muchos años. Una hipótesis que ya advirtieron los barones de Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura.
En este contexto de adversidad, Sánchez se apresuró a legislar para que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lo pague la banca y no el ciudadano, justo lo contrario del fallo del Supremo. La inciativa desacredita al Alto Trbunal ante la proximidad del juicio a los independentistas y sentó muy mal entre los magistrados.
Pero Sánchez solo piensa en cómo capitalizar el descontento creado por la sentencia. En unas jornadas celebradas este viernes volvió a la carga contra la banca, al asegurar que "siempre pagan los mismos". El presidente intenta rivalizar así con el populismo desatado de Pablo Iglesias, que convoca manifestaciones frente al Supremo para protestar contra el fallo.
En la banca, aunque no lo digan, están horrorizados con el comportamiento irresponsable del Gobierno. Desde Sánchez a Dolores Delgado o Margarita Robles han salido en tromba contra los bancos.
Lo sospechoso de la rectificación de AMLO es que se produce 24 horas tras el anuncio de la medida y después de otras actuaciones polémicas contra la seguridad jurídica
Otro de los frentes abiertos para las entidades españolas es México. El futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), antes de acceder al palacio de Los Pinos en diciembre, está tomando medidas desconcertantes. El IPC, el índice bursátil mexicano, se desplomó el jueves el 6 por ciento, después de que Morena, su formación política, presentara en el Senado una iniciativa para suprimir la mayor parte de las comisiones que cobra la banca. Un tercio de los ingresos bancarios en México proceden de este tipo de comisiones, la mitad que en EEUU.
AMLO se vio obligado a rectificar la iniciativa del senador de Morena, Ricardo Monreal, después del desplome de los valores bancarios, que superaron el 10 por ciento y podían poner en aprieto la viabilidad de algunas entidades financiares locales. Culpó al senador y citó el compromiso adquirido con la presidenta del Santander, Ana Botín, de no emprender una reforma fiscal.
Lo sospechoso de la rectificación de AMLO es que se produce 24 horas tras el anuncio de la medida y después de otras actuaciones polémicas contra la seguridad jurídica. Abandonará las obras del aeropuerto de Texcoco tras un referéndum en el que obtuvo el voto favorable de menos de un millón de ciudadanos, una cifra que no llega al 1 por ciento de la población. La decisión acarreará indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros.
Asimismo, anunció que Pemex dejará de exportar crudo y amenazó con renacionalizar los más de cien bloques licitados a empresas extranjeras. Moody's reaccionó con una posible rebaja del rating de la petrolera.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, quiere aplacar al nuevo dirigente enviando una representación al más alto nivel en su toma de posesión, que podría contar por primera vez con la presencia del Rey Felipe VI. Las empresas españolas se juegan miles de millones en México. AMLO comienza su mandato con mal pie.
