Madrid
Los bancos españoles empiezan a encarecer sus hipotecas, con subidas que llegan hasta el 0,4%. Puede sorprender esta rapidez, considerando que falta más de una semana para que el Pleno del Supremo establezca la jurisprudencia definitiva sobre si son los clientes o los bancos quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Ahora bien, hay numerosos indicios que invitan a pensar que el Alto Tribunal se inclinará por liberar a los consumidores de esa carga y repercutirla en las entidades. Ya existen tres sentencias del Supremo (dos de ellas conocidas esta semana) orientadas en ese sentido.
Los bancos, por tanto, tienen razones de peso para anticiparse y adaptar su oferta de nuevo crédito a ese coste adicional. Resulta así previsible que el camino ya abierto por un número aún reducido de entidades sea también recorrido en breve por sus competidores. De hecho, resulta imposible prever dónde se detendrán los encarecimientos, debido a la perniciosa incertidumbre jurídica que ensombrece este sector.
Nada permite ahora garantizar que los bancos no se vean inundados por una nueva oleada de litigios
Lo más probable es que el Supremo reconozca una retroactividad limitada a las posibles devoluciones y que la responsabilidad del reembolso recaiga en la Administración. Sin embargo, nada permite ahora garantizar que los bancos no se vean inundados por una nueva oleada de litigios demandando compensaciones para los clientes.
Es más, se abre una espita para que otros de los múltiples gastos hipotecarios (tasación, registro, notaría...) puedan ser impugnados judicialmente. Esta inseguridad implica un grave daño para el mercado hipotecario español, en especial para los bajos precios y la eficiencia que durante décadas presentó.
