Madrid
La desaceleración de la economía española ya golpea al mercado de trabajo. Solo así puede explicarse el comportamiento tan negativo del paro y la afiliación el mes pasado, cuando se registró una marca histórica en caída del empleo (casi 305.000 puestos de trabajo destruidos en un solo día).
Registros así no se explican únicamente por el fin de la temporada de vacaciones. En 2018 además influyen fuerzas de más calado como la caída en la llegada de turistas extranjeros y el enfriamiento de la demanda interna. El Gobierno, por tanto, no puede ya incluir en sus cálculos el viento de cola de una economía que mantiene la inercia de tres años creciendo por encima del 3%.
Pero los problemas para el Ejecutivo no se acaban ahí. La Mesa del Congreso dio un portazo a la posibilidad de tramitar por la vía urgente la reforma de la Ley de Estabilidad que persigue privar al Senado de su capacidad para vetar el techo de gasto. En esta situación, el Gobierno empieza a reconocer que solo tiene una opción si quiere presentar su proyecto de Presupuestos este año: aceptar la senda de estabilidad que elaboró el PP. Moncloa así tendría que comprometerse a reducir el déficit público en 2019 hasta el 1,3% y no hasta el 1,8% como inicialmente preveía.
Sin duda, el panorama económico se complica con unos objetivos presupuestarios más exigentes planteados en un momento en el que la economía se enfría, lo que impactará en las expectativas de ingresos fiscales. Reaccionar a ese escenario apelando solo a futuras alzas de impuestos no basta y, lo que es más importante, amenaza con agravar la situación económica. El Gobierno debe asumir que se necesitarán ajustes del gasto público.
