El presidente Sánchez desgranó en el Congreso su política económica, donde el incremento del gasto es el protagonista.
De hecho, el Gobierno se deja un margen de 16.000 millones entre 2018 y 2019 para acometer alzas en pensiones y mayores partidas presupuestarias en sanidad, educación o servicios sociales.
El Ejecutivo espera obtener dicho margen por diferentes vías. La relajación de la senda del déficit, aprobada con facilidad por Bruselas por la sintonía ideológica que existe entre el Gobierno y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el del Eurogrupo, Mário Centeno, ambos socialistas, supondrá 6.000 millones. Otros 4.000 llegarán por la reducción de la partida dedicada a pagar la deuda, debido al retraso en el alza de tipos.
El resto, a través de subidas de impuestos, como Sociedades, tasa a las tecnológicas, impuesto a la banca y a los vehículos diésel. Son evidentes los efectos negativos que para las empresas supone elevar tributos. Más aún si se considera que las firmas no recibirán ninguna contraprestación a cambio, lo que no solo pone en apuros su contabilidad sino también su capacidad para generar empleo, como dice la CEOE.
Pero los perjuicios van más allá. Para empezar, las metas más altas en el déficit originarán mayores esfuerzos en rebajas del gasto público en años posteriores, cuando todo apunta a que el PIB crecerá más lentamente.
Por si fuera poco, aprovechar el ahorro en los intereses para aumentar deuda incrementará la vulnerabilidad de la economía en el momento en el que el BCE cambie su política monetaria. Sánchez efectúa, por tanto, un giro económico arriesgado que, además, realiza por motivos electorales y no por "justicia social" como dijo ayer en el Congreso.