El Gobierno tira la casa por la ventana antes de llegar siquiera a construirla. La coincidencia de anunciados disparatados por parte de diversos ministros, sin que nadie hable de contención del gasto, produce una imagen de actuación caótica y descoordinada en los primeros compases de la legislatura.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, anunciaba la vuelta del servicio universal para los extranjeros a la par que el titular de Fomento, Jose Luis Ábalos, liberaba los peajes de las autopistas, o la de Trabajo, Magdalena Valerio, abogaba por suprimir el factor de sostenibilidad de las pensiones al tiempo que se actualizan al Índice de Precios al Consumo (IPC).
En total, 2.500 millones en incremento de gasto, según las cuentas hechas por elEconomista. Y eso sin tener en cuenta el coste de las nuevas pensiones. Pero la suma no se detuvo ahí, porque el propio Sánchez abrió el lunes la puerta a suprimir el copago de los medicamentos para los jubilados. La idea es revertir los ajustes que introdujo el PP, según el presidente del Gobierno, que quiere seguir los pasos del Ejecutivo social-comunista de Antonio Costa en Portugal.
¿.Y como se va a pagar todo esto? En líneas generales se desconoce cómo sufragará Sanchez estos cambios. Entre otras cosas, porque es improbable que muchos de ellos lleguen a entrar en vigor, al menos de la manera en que se anunciaron.
Así, la ministra Valerio quiere desempolvar el proyecto de destopar las cotizaciones sociales para las rentas altas, que su antecesora Fátima Báñez tenía guardado en un cajón ante las protestas de los empresarios. Pero el PP se desmarcó ya esta semana en el marco del Pacto de Toledo sobre el incremento de las jubilaciones con el IPC, que estaba prácticamente pactado de antemano, con la excusa de que quiere esperar al congreso extraordinario de finales de julio, que elija al futuro líder del partido.
¿Podrá sacar todos estos proyectos adelante un Gobierno con solo 84 diputados? Sánchez tendrá que gobernar por decreto, como hizo este viernes para tomar el control de RTVE, lo que limita su margen de maniobra a aquellas normas que no supongan una modificación sustancial de leyes fundamentales.
Eso descartaría todo lo relacionado con las pensiones. Sin embargo, tanto la vuelta al sistema de sanidad universal, así como la supresión de los peajes, son medidas administrativas, que no requieren de ratificación parlamentaria.
Consciente quizá del desbarajuste creado por las manifestaciones de sus ministros, Sánchez intentó introducir un poco de sensatez en el asunto del gasto con el anuncio en el Senado de que la reforma de la financiación autonómica se aplazaría a la próxima legislatura. Las reivindicaciones de las autonomías suman más de 16.000 millones en dinero adicional, como informa elEconomista.
Un jarro de agua fría para los barones regionales de su partido, que confiaban en una especie de gordo de la Lotería, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales del próximo año.
Los presidentes de Andalucía, Susana Díaz; Aragón, Javier Lamban, o Valencia, Ximo Puig, acudieron en romería a Madrid en los últimos meses para arrancar un compromiso a Rajoy. Paradójicamente, es ahora el dirigente de su propio partido quien frena sus aspiraciones.
El anuncio de Sánchez es especialmente doloroso para Andalucía, cuya exconsejera de Ha-cienda y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había urgido a Montoro a cubrir los 4.000 millones de desfase con la comunidad autónoma, según sus propios cálculos.
Montero, al parecer, fue ajena a la decisión del presidente. Espero que Sánchez no caiga en los mismos errores que Zapatero, cuando anunciaba medidas sin consultar con Solbes y se empecinaba en asegurar que no había crisis.
La ministra de Hacienda guarda silencio, pero su sucesor en el cargo en Andalucía, el consejero de Economía, Empleo y ahora también de Ha- cienda, Antonio Rodríguez de Arellano, re-chaza de plano los pactos bilaterales que propone Sánchez y exige un acuerdo "ya", como respalda la gran mayoría del Parlamento andaluz.
Sánchez mata dos pájaros de un tiro, porque a la par que castiga a los barones, con los que mantiene una relación distante, cierra la vía al debate sobre el Cupo Vasco ó sobre la financiación catalana, en víspera de la visita de Quim Torra a Moncloa.
La reforma de la financiación autonómica fue la cruz del anterior Gobierno. Rajoy la arrastró de una legislatura a otra como a un vagabundo errante ante la dificultad de cuadrar el sudoku con Cataluña. Y Sánchez comienza dándole una patada hacia adelante, para evitar que la discusión llegue hasta la campaña electoral.
Con Calviño al frente de Economía no tengo duda de que, al final, las cuentas cuadrarán de una manera o de otra. Pero la propia ministra renunció durante la reunión del Eurogrupo celebrada esta semana a dar un porcentaje exacto de rebaja del déficit en este año.
La denominada tasa Google anunciada por Montoro es improbable que llegue a implantarse en este ejercicio y otras tasas como las de la banca o a las transacciones financieras recaudarán cantidades inferiores a los mil millones anuales. Además, el Banco de España advierte que dañaría al sector más competitivo de la economía y acabará trasladándola al cliente. También se apunta a un aumento de los impuestos sobre las rentas del capital, que dañaría a todos los ahorradores.
De todas maneras, el problema gordo no lo tiene este año, sino el que viene, cuando Bruselas exige un ajuste estructural de 7.000 millones, que debería dejar el desajuste fiscal por debajo del 2 por ciento.
Los expertos dudan que se reintroduzca el servicio universal o se suprima el copago sanitario, porque pondría aún más en riesgo el delicado equilibrio financiero de las autonomías, que soportan estos gastos. Consideran que se buscará una fórmula para limitar el coste a los inmigrantes sin papeles o se suprimirá el copago sólo para las rentas más bajas o para los medicamentos más caros. ¡Menos lobos...Caperucita!
Hay que tener en cuenta que cualquier medida sobre la sanidad entraría en vigor ya en la segunda mitad del año, por lo que el impacto en este ejercicio sería limitado. Asimismo, el grueso de los peajes que Ábalos pretende liberar, los de las autopistas AP-7 (entre Alicante y Tarragona y la A-P4 (entre Sevilla y Cádiz), se producirá en 2020.
En resumen, son medidas populares para preparar el ambiente electoral, que podrían entrar en vigor sólo parcialmente y tendrían pleno efecto en ejercicios posteriores. Es decir, que los cargos tendrán que ser sufragados por el Gobierno siguiente.
Y mientras Sánchez entretiene a su ejercito de seguidores con artes florales, en el mundo empresarial se extiende la incertidumbre. "Los sindicatos están a punto de pactar subidas salariales de hasta el 3 por ciento, la financiación se encarecerá en los próximos meses por el alza de los tipos de interés y si, encima, nos suben los impuestos, no sé quién va a seguir creando empleo en este país", asegura un empresario de Castilla y León, que prefiere guardar el anonimato, pero mira con preocupación el futuro. "Estamos disfrutando de los fuegos de artificio del nuevo Ejecutivo, pero veremos cuando llegue el fuego real", remata.
De momento, el desplome del euro en cerca del diez por ciento desde 1,25 a 1,15 unidades por cada dólar americano, proporciona un chute importante al sector exportador, que cada vez es más numeroso, como muestran las cifras récord conocidas esta semana. Pero todo puede quedar en flor de un día si Trump sigue adelante con sus amenazas de guerras comerciales.
Si el flanco económico está lleno de incertidumbres, en el político, Sánchez ha logrado un triunfo sin precedentes. El PSOE vuelve a recuperar los primeros puestos en intención de voto, mientras que el PP es relegado casi al olvido. La antigua unanimidad en torno a Rajoy está comenzando a resquebrajarse. La renuncia de Feijóo deja al PP dividido en dos o tres (Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado). Los militantes muestran un gran enfado por la marcha de su líder, que cogió por sorpresa a miles de altos cargos, que no cuentan con una alternativa de trabajo.
