El presidente Sánchez aboga por acabar con el límite que ahora rige para la cotización más alta a la Seguridad Social.
No es la primera vez que los cambios en las bases máximas se señalan como una solución para las pensiones. Este baremo no ha dejado de aumentar desde 2013 (solo en 2018 se congeló), de modo que ahora se se sitúa en 3.751 euros.
Un análisis superficial animaría a pensar que eliminar este tope implica un paso necesario, ya que demanda una mayor contribución a quienes tienen los sueldos más altos y, además, el número de afectados es relativamente reducido (en torno a un millón de personas).
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Elevar las bases máximas sube los ingresos en un primer momento, pero esta mejoría tiene un alcance limitado. No en vano la única reacción coherente sería que también crecieran las pensiones a las que este tipo de sueldos dan derecho. En caso contrario, se estaría exigiendo un esfuerzo extra de 742 millones más al año a estos ciudadanos sin recibir una contraprestación semejante, lo que atenta contra la razón de ser misma del sistema de pensiones.
Pero igualmente importante resulta con- siderar que son las empresas las que absorberán la mayor parte de las subidas de las bases máximas, ya que abonan casi el 30% del salario bruto de sus trabajadores a la Seguridad Social. De hecho, las firmas pagarían 3.728 millones del coste de 4.470 millones que el destope puede suponer.
Las empresas verían así cómo se ejerce más presión sobre los costes laborales, en un momento en el que tendrán que afrontar las alzas salariales que la negociación colectiva está cerca de cerrar, mientras siguen soportando un pago en cotizaciones sociales de los más altos de Europa.