Ante el reavivamiento del debate sobre la cuantía de las pensiones actuales, la respuesta del PSOE, Podemos y los sindicatos ha sido la reclamación del mecanismo que, antes de la reforma de 2012, ligaba su evolución al IPC.
Se trata de una reivindicación anacrónica, en pro de un protocolo que, como recordó ayer el ministro Cristóbal Montoro, tuvo sentido en décadas anteriores. Pero, actualmente, resulta ilusorio pretender que la evolución de las pensiones puede negar protagonismo al incremento de la esperanza de vida (la variable que el factor de sostenibilidad incoporará el año que viene) o de la situación presupuestaria de las Administraciones (la realidad que tiene en cuenta el ya vigente Factor de Revalorización Anual).
Pero aún más ingenuo resulta pensar que la Seguridad Social está en condiciones de soportar el gasto extra de 2.400 millones al año que ligar las pensiones al IPC supondría. Dar vía libre a ese desembolso implicaría que el ya ingente déficit de esta Administración, 18.800 millones el ejercicio pasado, se duplicaría en tan solo siete años.
Ante unos números rojos que superarían los 30.000 millones, de nada servirían las propuestas del PSOE para subir los ingresos del sistema. Crear un tributo para la banca y elevar los impuestos sobre el trabajo (destopando las bases máximas de cotización) no solo elevaría la recaudación mínimamente, sino que además minaría la competitividad del sector financiero y del conjunto de la economía.
En estas condiciones, volver a ligar las pensiones al IPC constituye una propuesta populista, que puede suponer réditos electorales a quienes la formulan, pero lograrán ese beneficio a costa de poner a la Seguridad Social en una situación simplemente insostenible.