Sorprende negativamente que una formación política como Ciudadanos, que se presenta como una alternativa liberal al PP para defender la unidad de España, dirija un ataque furibundo al sistema de Concierto y de Cupo vasco.
Si Ciudadanos pretende preservar la unidad de España, como defiende desde sus actas fundacionales, no puede comenzar poniendo en tela de juicio su norma básica, la Constitución, o la estructura del Estado. Como explicaba esta semana la delegada de elEconomista en el País Vasco, Carmen Larrakoetxea, el Concierto vasco y el Convenio navarro están recogidos en la Carta Magna desde 1981, en sustitución de los fueros abolidos en 1876, que fueron mantenidos en Álava y Navarra por el régimen franquista tras la conclusión de la Guerra Civil.
No es de recibo que Rivera apele a la Carta Magna para la aplicación del artículo 155 en Cataluña y a continuación solicite modificar los sistemas de Concierto y de Cupo vascos, que exigiría una reforma de ésta. ¿Estamos o no estamos con la Constitución? A ver si el líder de Ciudadanos se aclara.
El ataque al Concierto es uno de los errores de planteamiento de Albert Rivera, frente a otros dirigentes, que condena a la formación naranja a obtener una nula representación en el territorio histórico, uno de los más dinámicos económicamente. Es impensable y, además, sería una catástrofe, que Rivera accediera al Gobierno sin tener en cuenta los derechos históricos del País Vasco.
Me parece bien que reclame transparencia para calcular el Cupo (la cuantía que Euskadi paga anualmente al Estado por los servicios que éste presta a la autonomía), como manifestó Ángel de la Fuente, experto en materia de financiación autonómica. O que critique que la rebaja del Cupo anual de 1.150 millones a 956 millones por las competencias no transferidas puede responder a una dádiva política del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cambio del apoyo del PNV al Presupuesto.
¿Y que opina Rivera de los cerca de 200 millones que se dieron a Canarias a cambio del respaldo a las Cuentas Generales del Estado?, ¿por qué no pone en cuestión el Régimen Especial de Fiscalidad (REF) del archipiélago? Ni siquiera lo mencionó. Quizá es porque en Canarias tiene más votantes que en el País Vasco, por culpa de su política de tierra quemada.
Los políticos también deben aprender de sus errores, como los demás ciudadanos, y si el líder de C's aspira a ser alguien en política lo mejor es que rectifique este aspecto cuanto antes, en vez de perseverar en el error.
Al final, todo consiste en calcular el precio que se está dispuesto a pagar por preservar la estabilidad política. Mariano Rajoy le negó a Artur Mas un Cupo como el vasco para Cataluña, porque consideró que propinaría un serio revés a la economía en un momento delicado. Sin embargo, consideró justo lo que reclamaba el Gobierno de Vitoria a cambio de sacar adelante el Presupuesto en otro momento complicado, que podía poner en riesgo la recuperación sin ellos.
Seguramente lleva razón De la Fuente cuando califica de "arte de magia" las cifras del Cupo. La reivindicación de Ajuria Enea es, de todos modos, prudente, comparada con las de otras autonomías, como hoy refleja elEconomista. Los vascos solicitaron la devolución de 1.400 millones por los pagos adelantados durante la última década en obras de infraestructuras, entre otras cosas, más la rebaja ya comentada del Cupo por asumir las transferencias completas de Empleo. El resto de autonomías reclaman una cifra estratosférica, superior a los 100.000 millones, como recoge elEconomista, por desviaciones de la financiación. Solo Andalucía evalúa la deuda histórica del Estado en 10.000 millones.
Si Rivera está en desacuerdo con la maniobra de Rajoy, hubiera sido coherente votar en contra de las Cuentas Generales del Estado, en lugar de apoyarlas y después proponer que se cambien las reglas.
Aquí está en juego la unidad de España. Es de una imprudencia lacerante abrir el debate sobre el Concierto y el Cupo vascos cuando está en carne viva el conflicto catalán. La discusión de los próximos meses, después de las elecciones del 21-D, se centrará en si hay que buscar un encaje diferente a Cataluña para aplacar el separatismo. El 80 por ciento de los catalanes se conformaría con una tratamiento distinto por parte del Estado. Me consta que el Gobierno quiere poner en marcha una política de gestos. El candidato del PP, Xavier García Albiol, sugirió este jueves la concesión de incentivos para que las empresas vuelvan a Cataluña.
Pero con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales en 2019 y los Presupuestos del año próximo en el aire, Rajoy cuenta con poco margen para contentar a los catalanes y menos para modificar la Constitución. Montoro ya adelantó esta semana en el Congreso que no dará un trato presencial a la Generalitat, aunque prometió reformar la financiación autonómica, La enésima vez que lo hace y luego lo incumple.
Es difícil hacer pronósticos antes de conocer el Ejecutivo catalán que salga el 21-D. Pero todo apunta a que las tensiones con los independentistas se prolongarán durante largo tiempo, pese a que vuelvan a la legalidad y acaten la Constitución.
A corto plazo, Rajoy se resistirá a realizar concesiones por el complejo contexto político y su falta de mayoría en el Congreso. Los mercados, además, vigilan con lupa cualquier movimiento que conduzca a la desintegración y nos castigarían severamente, y detrás de ellos, el resto de inversores. El Ibex no logra despegarse de los 10.000 puntos, en espera del resultado electoral.
Pero a medio o largo plazo los cambios serán imprescindibles. La historia de España está repleta de concesiones gracias al diálogo, que se tendrán que imponer paulatinamente. Cedimos la soberanía monetaria a Europa cuando entramos en el euro y luego toda la supervisión bancaria cuando el sistema financiero estuvo a punto de hacer aguas en 2012; el Estado transfirió a las autonomías parte de sus competencias en aspectos esenciales como la salud, la educación o la vivienda y en el futuro habrá que seguir cediendo y remodelando la casa común para seguir todos dentro. Esto es lo sensato y no desunir y enfrentar a unas autonomías con otras, señor Rivera.
PD.-Fuera del ámbito político, se velan armas para la gran batalla energética. La subida de la luz, alrededor del 12 por ciento en lo que va de año, lleva al ministro de Energía, Alvaro Nadal, a tomar medidas como el mantenimiento de las centrales de carbón, que aparentemente entran en contradicción con su política anterior y la tendencia hacia la descarbonizacion, que se impone en el mercado. Nadal defiende que cerrar las centrales de carbón encarecería la luz, por lo que propone como alternativa a las eléctricas que las vendan o traspasen. Pero éstas, con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a la cabeza, se resisten. El presidente de Endesa, Borja Prado, antes de enfrentarse a la Administración, prefiere esperar a conocer el Real Decreto sobre el futuro de estas instalaciones.
Dentro de las posturas diferenciadas entre Nadal y el sector, se atisba algún resquicio de solución. Galán acepta traspasar las dos centrales que le quedan en Asturias y Castilla y León, pero pide libertad para hacerlo sin la intervención del Gobierno. Si Energía impone el traspaso, se ahorraría el coste del cierre, unos 35 millones. ¡No parece tan mal negocio! De todas maneras, el ministro de Energía, responderá a estas y otras preguntas en el Ágora de elEconomista el martes próximo. No se lo pierdan.
