Como era previsible, el conflicto generado por el Govern ya tiene efectos colaterales en la política nacional. Lo demuestra que a medida que ha aumentado el desafío soberanista en Cataluña se frenaba la actividad parlamentaria del Ejecutivo y su agenda reformista.
El retraso más grave es el de los Presupuestos del Estado de 2018, fundamentales para encarar las reformas del próximo año. Las dudas del PNV tras la actuación del Ejecutivo en la crisis de Cataluña han frenado, al menos hasta la próxima semana, lo que parecía un mero trámite para el Gobierno de Rajoy. La incertidumbre por Cataluña también es la causa que explica que leyes que afectan al mercado hipotecario y a grandes colectivos, como el de autónomos, se demoren. Igualmente pasa con las discusiones para renovar la financiación de las pensiones, si bien en este asunto el daño es colateral y responde más al desacuerdo de los partidos. Pero la Generalitat incluso puede congratularse de que su deriva secesionista ha frenado otras medidas de calado que afectan directamente al tejido empresarial. Así ha ocurrido con la reforma de la regulación empresarial, que busca incentivar el tamaño de las compañías y que Economía pretendía hacer efectiva a finales de año. Pero nada de esto importa a una Generalitat que, lejos de reducir su deriva independentista para facilitar un fin negociado al conflicto, solo está interesada en crear las estructuras de Estado de la hipotética república catalana. Resulta evidente que lo ocurrido esta semana demuestra que estamos ante algo más grave que un mero problema jurídico o institucional. Es más, si sigue incrementándose afectará a la inversión, al PIB y a la recuperación económica.
