"Con la que está cayendo, hay que rendir cuentas", dijo el ministro Rafael Catalá en el último Ágora de elEconomista y el titular de Justicia estuvo a la altura. No rehuyó preguntas, en especial las relacionadas con los mensajes filtrados que envío al expresidente madrileño Ignacio González, detenido en la Operación Lezo.
Catalá demostró no tener nada que ocultar respecto a un escueto y poco conluyente SMS, remitido en noviembre cuando dicha operación ni siquiera existía. Aún más lejos llegó al asegurar que no teme nuevas revelaciones. Pero donde evidenció más contundencia fue en el rechazo a las acusaciones de falta de independencia de jueces y fiscales.
Es la respuesta que cabía esperar en un momento en el que el deseo de desacreditar llevó a Podemos a atribuir frívolamente un "estado de excepción" a España y a echar mano de un recurso extremo, como proponer una moción de censura contra el Gobierno (para lo que no logró apoyos).
Catalá calificó de "barbaridades" este tipo de posturas y cimentó su posición abogando por impulsar una profunda reforma de la ley, orientada a dotar de mayor independencia la actuación de los fiscales con respecto al Gobierno y a los partidos políticos. Para ello, su intención es habilitar al Ministerio Público para que sea el encargado de instruir las causas penales, en lugar de los jueces, como establece el sistema jurídico actual. Esta propuesta de modificación legislativa provoca todavía reacciones encontradas en el mundo de la judicatura.
Con todo, más allá del debate técnico, debe valorarse la manera en que Catalá evidencia, en su actuación y en sus palabras, su preocupación por dotar de una mayor transparencia al sistema judicial de nuestro país.
