Para millones de personas la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declara el efecto retroactivo sobre la nulidad de las cláusulas suelo, habrá supuesto una alegría y un alivio económico, como ocurrió con las numerosas sentencias judiciales que dieron la razón a los ciudadanos en sus reclamaciones sobre las emisiones de deuda preferente emitidas por las antiguas cajas de ahorro.
Los jueces consideran que se produjo una situación de abuso por parte de las entidades financieras, que vendieron estos productos a sus clientes sin informar convenientemente de los riesgos en que incurrían en su contratación. En ambos casos, las sentencias están amparadas en el derecho europeo sobre protección al consumidor.
Sin embargo, hay que distinguirlos. Mientras que en las preferentes se produce una situación abusiva de manera generalizada, que obligó a la devolución de lo invertido, en las cláusulas suelo no es así. El TJUE establece que estas cláusulas son legales y, por tanto, es necesario determinar caso por caso si hubo abuso o no.
¿Por qué existe esta diferencia? Porque para el derecho europeo se da una desprotección del consumidor frente a una gran empresa cuando éste se ve imposibilitado a negociar las denominadas ?condiciones generales? de un contrato, es decir, lase son impuestas de manera generalizada.
La cláusula suelo no era una condición sine qua non en las hipotecas. El ciudadano podía reclamar al banco que se la quitara o, en última instancia, irse a otra entidad financiera. El problema se genera cuando esta cláusula formaba parte de la letra pequeña de la hipoteca y el cliente no es consciente de su asunción. Pero, ¿cómo determinar, tantos años después, si un cliente fue informado convenientemente por la entidad?
Algunos jueces llegan al paroxismo, al exigir que se incluyeran gráficos predictivos sobre la evolución de los tipos de interés. Las crisis económicas son difíciles de prever, como demostró Zapatero y, por ende, también el comportamiento de las tasas de interés, que va ligado a la marcha general de la economía. Sólo cabe, por tanto, revisar caso por caso.
También es importante revisar el papel de los notarios. Aunque estos lean en voz alta los documentos antes de su firma por ambas partes, los particulares no tienen tiempo de revisarlos previamente con el propio notario, como establece la Ley, para que le advierta de los riesgos que contrae.
El notario es una singularidad española, que en la actualidad es percibida más como un gasto que como una garantía de protección. Su trabajo está en juego si no se corrige.
Es incomprensible que el magistrado Eduardo Baena , de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que estableció por primera vez cuándo se debe declarar abusiva y, por tanto, nula la cláusula suelo de una hipoteca, llegara a justificar esta decisión ante la ausencia de una legislación adecuada. ¿Va ahora a desempeñar el poder judicial también el papel del legislativo?
Es urgente incrementar la transparencia en la venta de productos de todo tipo, en especial por parte de las entidades financieras. Es inaceptable la letra pequeña de muchos contratos o el desconocimiento que tienen muchos empleados de la banca sobre los productos que ofrecen. En las hipotecas es aún más necesario, dado que el ciudadano se juega los ahorros de toda la vida.
Pero no es menos cierto que el populismo cunde entre los magistrados, que tienden a generalizar las malas praxis de algunas entidades financieras al común de los casos juzgados, como denunció esta semana el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. La banca está pagando el pato por la mala fama ganada a pulso desde la última gran crisis por culpa de los desahucios.
En estas circunstancias, se deberían descartar las demandas generalizadas por parte de bufetes especializados en la captura de afectados de esto o de lo otro, como ocurrió con las preferentes. El Gobierno no está para aprobar una normativa que obligue a su devolución por decreto-ley. Y menos aún si para lograrlo es preciso alcanzar un pacto con la oposición. La política debe quedar aparte.
España tiene un sistema hipotecario que ha funcionado correctamente durante muchos años y que es considerado como un paradigma para los demás. Su demolición puede poner en jaque sectores tan importantes como la construcción ó el financiero. Los bancos endurecerían las condiciones de las hipotecas para sus clientes y restringirán su concesión, como ocurre en los países anglosajones. Dejemos negociar a las entidades financieras una salida flexible con sus clientes en un plazo razonable y que se recurra a la vía judicial sólo en los casos en que no haya pacto posible, como ocurre en cualquier litigio. La seguridad jurídica y la confianza, ya muy vapuleadas en nuestro país, vuelven a estar en juego.
