Llevábamos tiempo señalando que España necesitaba estabilidad fiscal, lo que significaba adaptarse a unos objetivos de déficit. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de senda de objetivos de estabilidad y techo de déficit. Desafortunadamente, y como era previsible y nos anunciaron, este acuerdo vino acompañado con un Decreto-Ley de subidas de impuestos y de un proyecto de ley por el que se creará un nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas. Estas medidas tienen una parte de adaptación a la realidad, y otra, también, de decisiones políticas.
En primer lugar, hay que partir del hecho de que las empresas y las familias en España, con grandes sacrificios, y también con vientos de cola favorables -como los bajos tipos de interés o el reducido precio del petróleo-, sí que están haciendo sus deberes. El resultado de que los españoles estén haciendo sus deberes es que el crecimiento de este año superará el 3 por ciento, y el del año próximo no será inferior al 2,5 por ciento. En estas condiciones, dado que si no hacemos nada tendríamos una mayor recaudación, y unos gastos inferiores en temas tales como prestaciones por desempleo, el déficit debería reducirse prácticamente sin hacer gran cosa.
Sin embargo, la ejecución presupuestaria de 2015 no fue buena, y la de 2016 fue sencillamente un desastre. Recordemos que este año debíamos haber cumplido con un déficit del 2,8 por ciento, y concluiremos previsiblemente en el 4,6 por ciento. Éstas es una desviación de casi 20.000 millones de euros, pero que iba camino de ser muy superior. Lo peor de todo es que esto se arregló mediante un Decreto-Ley que aumentaba los pagos anticipados del impuesto de sociedades, y que está permitiendo recaudar al Estado unos 9.000 millones adicionales. Ahora bien, aunque esta medida es permanente, el efecto sólo es neto el primer año. Para 2017, el Estado seguirá pidiendo 9.000 millones adicionales, pero tendrá que devolver lo cobrado en 2016.
En estas condiciones de claro incumplimiento, la Comisión Europea no nos multó. Sin embargo, sí nos ha exigido una senda de ajuste particularmente dura para 2017: tenemos que reducir 1,5 puntos para el próximo año, en un ajuste superior a los 16.000 millones de euros. En estas circunstancias, la herencia del PP que hereda el propio PP, acabar con los privilegios de unas cuantas grandes empresas que pagan muy poco, mucho menos que las demás, es algo que debería hacerse no sólo por justicia, sino por razones recaudatorias. Recordemos que los tipos efectivos, especialmente de algunas grandes empresas y grupos consolidados, estaban en mínimos históricos, con unas compañías que, afortunadamente y gracias a su esfuerzo, ya habían recuperado sus beneficios. De hecho, si no se modifica en profundidad la desastrosa reforma del Impuesto de Sociedades que hizo Montoro, la recaudación seguirá cayendo, haciendo imposible el cumplimiento de los objetivos de déficit. Eso sí, una reforma en serio de un tema tan complejo no se debería hacer por Decreto Ley urgente, porque el riesgo de repetir la chapuza es muy elevado.
Aunque el Partido Popular llevaba en su programa electoral de 2016 una rebaja del impuesto de sociedades, esto era imposible. Lo que sí era posible era evitar una subida del IRPF y del IVA, que fue lo primero que hizo el Gobierno del PP cuando llegó al poder en 2012. En esta cuestión, y pese a la presión del PSOE, que ha exigido subir impuestos para no rechazar el techo de gasto, parece que el Gobierno no se está alejando mucho de sus compromisos con Ciudadanos en el acuerdo de investidura, y en consecuencia, no ha subido el IRPF o el IVA.
Hay que cumplir con Europa, pero también hay que cumplir con los españoles. La primera novedad es que parece que las cifras, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años hemos intentado, y parece que conseguido, que las cifras del Gobierno se parezcan a la realidad. Sin embargo, se puede cumplir con Europa sin castigar a los españoles. Así, en lugar de subir impuestos especiales, habría que ser más ambicioso en el recorte del gasto superfluo y las duplicidades. Incluir una auditoría externa del gasto público como proponíamos, y el Gobierno nos asegura que ha acordado, para ahorrarnos entre 800 millones y 1.000 millones de euros no sólo lo ven bien las autoridades comunitarias, sino especialmente los españoles, que se merecen que cada euro de sus impuestos esté controlado. Si se hubiese sido más ambicioso en el recorte de gasto superfluo y en acabar con los chiringuitos, no hubiese sido necesario subir impuestos especiales, idea que no compartimos en absoluto.
Finalmente, el Gobierno del PP también ha tomado medidas contra el fraude. Aquí hay buenas ideas, como el suministro inmediato de información, que lleva años en desarrollo en la Agencia Tributaria. Esta idea de que las grandes empresas informen de sus facturas a Hacienda en tiempo real sin duda reducirá el fraude. Mucho más discutible es que lo haga rebajar el límite de pago en efectivo a 1.000 euros. Nosotros abogamos por dar el derecho a todo consumidor a pagar con tarjeta de crédito a partir de 10 euros, rebajando las comisiones bancarias. Eso creemos que es mucho más efectivo. Por último, el endurecimiento de los aplazamientos, a falta de conocer la letra pequeña, nos parece un error que perjudicará a autónomos y pymes, sin incrementar la recaudación.
La medida fiscal y anti-fraude más importante de todas es conseguir convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos. Para eso, hay que cuadrar las cuentas, pero sólo subiendo impuestos como último recurso, no como una solución fácil para no recortar en gasto político, o no ser mínimamente ambicioso en la lucha contra el fraude.
El decreto de medidas fiscales deja, incluso antes de poder leerlo en profundidad, con los cambios de última hora, un sabor amargo. Otro día, hablaremos de las políticas y del presupuesto que está pendiente y que España necesita.
