El Gobierno aprobará mañana una batería de subidas de impuestos. Las alzas afectarán, en primer lugar, a la tributación indirecta, ya que el Consejo de Ministros dará vía libre al ya anunciado incremento de los tributos del alcohol y del tabaco y a la creación de una nueva (y polémica) tasa para las bebidas azucaradas. Además, respecto a la tributación directa, habrá cambios en Sociedades.
En concreto, los pagos anticipados recuperados in extremis continuarán, sometidos a los nuevos tipos de 2016, más elevados. En paralelo, desaparecerán prácticamente todas las deducciones de Sociedades, incluida la muy utilizada por las empresas que pueden justificar pérdidas en ejercicios anteriores. Otros impuestos se libran de las alzas, como el de hidrocarburos, pero quizá sólo momentáneamente, debido al repunte que el crudo experimenta en el mercado.
Lo que de ninguna manera acobarda al Ejecutivo, a la hora de planificar las subidas, es un posible impacto negativo en la economía. Moncloa no descarta una desaceleración del PIB en 2017, pero la inflación actuará como compensadora, elevando los precios al consumo y los sueldos y, con ello, la recaudación del IVA y las bases imponibles del IRPF y Sociedades, pese a la menor actividad.
Se trata de una predicción arriesgada que está por demostrarse, pero aún más reprochable es el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy vuelva a recurrir a las alzas fiscales después de haber ganado unas elecciones, como ocurrió en 2011, asegurando que bajaría la tributación. En 2016 esa posición es aún menos justificable, en la medida en que presupone la intolerable convicción de que se pueden dar por cerrados los ajustes en el gasto público a la hora de propiciar la rebaja del déficit hasta el 3,1 por ciento el año próximo.
