Opinión

Asignatura pendiente

Semioculta por la vorágine informativa de la guerra en Ucrania, la inflación, las manifestaciones masivas de los agricultores, la huelga de los camioneros, el amarre de la flota pesquera, el cierre de industrias, la amenaza de desabastecimiento y la inoperancia del Gobierno con el Presidente de excursiones por Europa, estos días ha salido a la luz una noticia que, creo, bien merece una pausa y una reflexión.

Resulta que el alcalde de Paracuellos del Jarama, Jorge Alberto Campos, de Ciudadanos, ha decidido regalar a cada uno de sus ciudadanos cuando llegan a la mayoría edad un ejemplar de la Constitución Española.

Y merece esto una reflexión profunda y sería porque en una cosa tiene razón Pedro Sánchez y suscribo, sin que sirva de precedente, es en que "si la democracia representa algo es a la Constitución Española". Por eso es inaudito que en este país no se enseñe la Constitución en las escuelas, y que ningún gobierno se haya preocupado de incluir una asignatura constitucional obligatoria en las incontables leyes de educación que desde la Transición se han sucedido. Por miedo o por desidia unos, y otros para allanar el camino en sus aspiraciones de destruir la igualdad, la unidad, las libertades y la reconciliación que inspiran nuestra Carta Magna mediante leyes rupturistas y el acoso y derribo a la separación de poderes, la anulación del Parlamento y de la independencia judicial.

Es un principio elemental de la conducta humana que no se puede amar y defender lo que se desconoce. Y la realidad hoy, cuando se cumplen 43 años de su aprobación, es que la mayoría de los ciudadanos españoles, y sobre todo las nuevas generaciones, ni conocen ni han leído la Constitución ni son conscientes de lo que significa y representa.

Una asignatura obligatoria para enseñar la Constitución en los colegios, como existe en otros países de nuestro entorno, es la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Enseñar los valores de la Carta Magna y el espíritu, la generosidad y las renuncias de la Transición a las generaciones que ni vivieron el franquismo ni participaron en el esfuerzo colectivo de la restauración democrática y la reconciliación nacional y que, por ello, posiblemente desconocen lo que pueden perder porque siempre lo han tenido, debiera ser una prioridad para cualquier gobierno que se guíe por los principios de la libertad, el pluralismo, la tolerancia y el Estado de Derecho.

De verdad, créanme, que me gustaría confiar en Pedro Sánchez cuando dice que la Constitución es la "hoja de ruta del Gobierno" pero si algo ha demostrado y demuestra cada día el Presidente es que su palabra tiene menos valor que un billete del Monopoly, y los hechos no confirman sus afirmaciones. Si los españoles conocieran y amaran la Constitución y quienes ocupan las instituciones la respetaran y la defendieran no tendríamos, por ejemplo, ministros del Gobierno atentando contra la libertad de empresa proponiendo intervenir los beneficios. Ni un Presidente intentando manipular a la Judicial en contra del Estado de Derecho. No se intentarían invadir las competencias sobre fiscalidad de las autonomías. No se hubieran despenalizado las coacciones y acciones violentas de los piquetes. Tampoco habría miembros del Ejecutivo fomentando la división entre los españoles y tachando de fascistas o ultraderechistas a quienes no piensan como ellos o se manifiestan contra la ineptitud o los abusos del Gobierno. Y, sobre todo no tendríamos un gobierno sustentado y aliado con los enemigos de la unidad de España, con los herederos de los terroristas y con quienes quieren destruir el régimen del 78 y el sistema político de libertades que avala y garantiza nuestra Carta Magna.

Conocimiento y defensa de la Constitución que no significan que no se pueda reformar. Los tiempos cambian y hasta los edificios más firmes precisan de acondicionamientos, pero sin modificar lo sustancial. Aunque si hablamos de reformas, tal vez deberíamos empezar por reformar la Ley Electoral para que el voto de los españoles valga igual sin distinción de la Comunidad en la que vivan, eliminando los privilegios y prebendas de los nacionalistas. O ese anacronismo del concierto vasco y navarro que rompen la igualdad fiscal entre los ciudadanos y los territorios españoles. ¡Que se atrevan!

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