La reforma fiscal que plantean los expertos a los que el Ministerio de Hacienda solicitó la redacción de un Libro Blanco en materia tributaria, tendrá un impacto directo en las rentas medias que podría llegar a los 50.000 millones de euros.
Sería el resultado de la supresión de beneficios fiscales en el IRPF, la eliminación de los tipos reducidos del IVA y de las ayudas a la compra de vivienda, y la creación de nuevos impuestos medioambientales. Estos cambios endurecerían aún más la presión fiscal sobre los trabajadores, lo que lastraría el poder adquisitivo de los ciudadanos y, con ello, el consumo. Ante este fuerte impacto, constituye todo un acierto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegure que no es factible aplicar ahora unas recetas que el Gobierno pretende rebajar a la categoría de "sugerencias", pese a que fue el instigador de su redacción. En un contexto como el actual, en el que la inflación disparada y las consecuencias de la guerra en Ucrania han echado por tierra las previsiones de recuperación, esta propuesta sería letal. Pero no es el momento el único motivo que lleva a rechazar unas medidas cuyo castiga a los ciudadanos supera incluso el de las propuestas fiscales de Unidas Podemos, cifradas en 30.000 millones. Serían igual de perniciosas en cualquier otra situación.
Los expertos de Hacienda han diseñado un castigo fiscal a las rentas medias que llegaría a los 50.000 millones de euros
El problema es que su anacrónico afán recaudatorio, por no decir confiscatorio, convertiría la política fiscal en el mayor lastre para la economía y no en la mejor herramienta para dinamizar su crecimiento y permitirla competir con los países de nuestro entorno para atraer inversiones que creen empleo. El Gobierno no puede avalar, ni ahora ni nunca, una reforma que empobrece a los españoles.
