Seguramente Pablo Casado, a nivel personal, se merece esa salida honrosa que le han facilitado los barones. Nadie duda de su talante y bonhomía. Pero en política los errores se pagan y Pablo Casado ha cometido tres errores básicos.
Primero presentarse a presidir el Partido Popular sin tener la madurez y la preparación suficientes para liderar una alternativa de Gobierno. El segundo entregar el mando del partido a Teodoro García Egea. Y, el tercero y detonante caer en la trampa de Moncloa y dando munición a las izquierdas contra Madrid y dedicándose a fiscalizar a uno de sus principales ejecutivos en lugar de fiscalizar al Gobierno como debería ser su obligación.
Si en vez de investigar a Isabel Día Ayuso, Casado y Egea se hubieran dedicado a investigar, denunciar ante la Fiscalía, llevar al Parlamento y difundir los presuntos casos de corrupción e irregularidad del Gobierno y sus socios de la Frankenstein, posiblemente ahora no tendría que despedirse de la política y Sánchez y sus coaligados tendría un serio problema de honestidad, decencia y credibilidad.
Y sólo hace falta estar un poco al tanto de lo que ocurre y se publica para saber que el juez ha prorrogado seis meses más la instrucción sobre las subvenciones al hermano del presidente de la Generalidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, en la investigación a distintas productoras audiovisuales.
Que la firma del esposo de la ministra de Economía, Nadia Calviño, Beedigital, ha recibido ayudas públicas, aunque debe 900.000 euros al Estado, mientras el Gobierno exige estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social para tramitar y recibir subvenciones.
Que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado 701.000 euros a Playbol, la empresa que explota el negocio del padre del presidente que, casualmente, ha multiplicado sus ingresos por subvenciones desde que Sánchez esta al frente del Ejecutivo.
Que el Ministerio de Sanidad ha admitido que adjudicó contratos del COVID por 527 millones sin comprobar la solvencia de los proveedores argumentando que la legislación le dispensaba por la "excepcionalidad de la situación". ¿No es eso aplicable también a la Comunidad de Madrid?
Que la Sindicatura de Cuentas ha detectado que la Generalitat pagó 7,9 millones de euros de más a una empresa extranjera en la compra de respiradores.
Que el proveedor de confianza del ex ministro Ábalos, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, dio un pelotazo con las mascarillas y pasó de no tener ingresos a facturar 53 millones en 2020.
Que está sin aclarar el destino del material sanitario de 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de vinilo, gafas de protección y mascarillas por las que el Gobierno pagó 2.500 millones y que no han llegado a las Comunidades Autónomas.
Que el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha rechazado archivarla querella contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por el otorgamiento de subvenciones a entidades sociales y está siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.
Que la mujer del líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas entró en Junta con un contrato exprés, siendo fichada por la Fundación Andaluza Fondo por la Formación y Empleo (Faffe), junto a otros militantes y allegados al PSOE.
O que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, investiga los negocios de Juan Carlos Martínez, marido de la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, y ha encontrado pagos en las cuentas de su consultora realizados por compañías que con anterioridad habían recibido ayudas millonarias de la agencia IDEA, la entidad de la Junta de Andalucía donde uno de sus hermanos era directivo durante el Gobierno del PSOE.
Y todas estas informaciones y otras más están publicadas y denunciadas en los medios de comunicación, ante las que los carroñeros que hoy se rasgan las vestiduras e inundan de papeles a la Fiscalía el contrato de Ayuso permanecen callados como Judas, arropados por la pasividad, o casi, del Partido Popular. Como dice sabiamente el refranero, "cree el ladrón…"
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