Sin nuevas noticias de la gran compra centralizada para disponer del material sanitario necesario para afrontar la segunda ola del coronavirus. El acuerdo marco valorado en 2.500 millones de euros se publicitó por parte del Ministerio de Sanidad (a través de su órgano de contratación, el Ingesa) el 4 de agosto. Más de mes y medio después, el contrato no está resuelto y, por tanto, no se han llenado las despensas de un material urgente.
El Ministerio comunicó, y así consta en los pliegos, que se adquirirán 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test PCR y kits de extracción. "El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las comunidades autónomas puedan realizar contratos basados en este acuerdo marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud en el mes de septiembre", decía el Ministerio el día de su anuncio. Además, señalaban que el contrato se enmarcaba dentro de la tramitación de emergencia para que "se acorten los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios autonómicos de salud antes de finalizar el mes de septiembre".
Desde mediados de agosto se dispone de las ofertas realizadas por un total de 155 empresas
Sin embargo, todas esas intenciones han quedado en nada. No fue hasta el pasado 8 de septiembre cuando el Consejo de Ministros aprobó la compra y se informó que 155 empresas habían presentado sus ofertas (475 en total). El plazo para ellas expiró a mediados de agosto, el día 17, según explicita la Plataforma de Contratación. Desde esa fecha hasta ahora, no se ha avanzado hasta la fase de adjudicación.
Este periódico ha consultado con alguna de las compañías que se han presentado y la respuesta es la misma. El Ministerio de Sanidad aún no ha resuelto el concurso, sigue con la selección de ofertas y, de hecho, a lo largo de la semana pasada todavía estaban resolviendo "incidencias burocráticas" de las solicitudes. Es decir, aún no se han hecho las adjudicaciones que se preveían cerrar en agosto (o comienzos de septiembre) y, por tanto, las comunidades no han podido nutrirse de este contrato a lo largo de septiembre. Y todo ello con una segunda ola de la pandemia que se ha adelantado.
Las comunidades también informan de que no saben nada del concurso. Algunas, como Andalucía, también resaltan que ellos comenzaron a comprar por su cuenta a principios de mayo con la vista puesta en la segunda ola. "Tenemos una reserva para seis meses, más allá de que ahora tenemos equipos suficientes para afrontar el momento", explican. La única comunidad autónoma que decidió no entrar en este acuerdo fue la Comunidad Valenciana.
Las previsiones de cuándo las comunidades podrán hacerse con el material necesario son una incógnita. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio para solicitar un calendario aproximado pero no ha recibido respuesta. En cualquier caso, la resolución podría consumarse en las próximas fechas.
Rectificaciones del acuerdo
El comienzo de esta compra centralizada no fue el mejor. El día 22 de julio se lanzó la oferta pero tuvo que ser retirada días después. El motivo fueron las quejas de algunas comunidades autónomas que en un principio no pensaron acudir a la llamada del Ministerio y que veían que podía existir un peligro de desabastecimiento en el mercado si ellas querían acudir por su cuenta para comprar material. "Durante la fase tramitación inicial de licitación, y encontrándose ésta en periodo de presentación de ofertas, distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el Acuerdo Marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir", admitía el Ingesa tras suspender el acuerdo.
Hubo otra serie de quejas que se quedaron en el ambiente. Algunas empresas consideraron que las condiciones técnicas exigidas dejaban a buena parte de las empresas españolas fuera del concurso, y llamaron la atención sobre los criterios técnicos, que supuestamente beneficiaban a las multinacionales, según recogió el diario El Mundo.
Tras esa rectificación, los últimos pliegos salieron sin quejas aparentes o conocidas y ahora son los que se van a resolver. En cualquier caso, aquel fue otro motivo de retraso, ya que desde el 22 de julio al 4 de agosto se perdieron dos semanas muy valiosas, a la vista de los acontecimientos posteriores relacionados con la expansión de la segunda ola de la pandemia.
El mayor problema del retraso de esta adjudicación ha sido que la pandemia se ha adelantado a las previsiones que se tenían en junio y julio. Entonces siempre se hablaba de octubre como la fecha peligrosa, y se hacía hincapié en las dificultades que podrían suceder si la gripe hacía los estragos que ha hecho otros años (como en 2018). El material llegará, si el retraso no es más que el que se lleva, a lo largo de ese mes, si bien es cierto que hoy por hoy hay ciudades o zonas sanitarias que tienen una presión asistencial muy fuerte por el coronavirus.
