El Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, como órgano de contratación, decidió finalmente, en la tarde de ayer, frenar la adjudicatura del acuerdo-marco por la Sanidad ala espera de que se incorporen más comunidades autónomas de las que se habían adherido inicialmente la semana pasada.
"Distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación y que han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir".
Este superacuerdo para poder llevar a cabo la adquisión de equipos de protección y material sanitario para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del ámbito sanitario, por más de 2.400 millones queda suspendido hasta nuevo aviso.
El departamento del que es cabeza visible el ministro Illa considera que esta circunstancia "afecta de manera evidente al interés público y aconseja adoptar medidas que minimicen los riesgos de desabastecimiento de las comunidades autónomas no adheridas", por lo que este miércoles el Inglesa publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la resolución de no adjudicación y en los próximos días se publicará una nueva licitación en la que participen todas las comunidades autónomas que lo han solicitado.
El objetivo, según el compromiso adquirido, es contar con una reserva estratégica de estos productos para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por el covid-19. En concreto se adquirirán, en un plazo de dos años, batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares Covid-19 (PCR) y kits de extracción.
Dicha cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes. Así, el importe económico total del citado acuerdo marco alcanza los 2.431.793.480 euros con IVA y prórroga incluidos.
Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado y previa consulta a los servicios de salud de las comunidades autónomas. Por lo tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación.
Al ser un procedimiento agregado para toda España se calculan unos ahorros en el entorno de los 300 millones de euros. Asimismo, el departamento que dirige Salvador Illa ha informado de que el acuerdo marco tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un máximo de otro año más.
