La ministra de Trabajo ha señalado que en 2022 volverá a incrementarse el salario mínimo interprofesional. No propone la subida sino que anuncia que se incrementará. Y convoca una mesa de diálogo aunque ella ya sabe que el SMI aumentará.
En octubre de 2020 la Comisión Europea publicó una propuesta de directiva sobre salarios mínimos adecuados. Pero la Unión Europea no tiene competencias en materia salarial porque el propio Tratado las excluye expresamente. Los países nórdicos no disponen de SMI porque su sistema se basa en la plena autonomía de los interlocutores sociales e Italia mantiene abierto desde hace décadas un debate sobre su conveniencia que evidencia que ni siquiera los sindicatos quieren implantarlo.
La Comisión Europea pide a los Estados miembros que tengan un SMI que para fijarlo adopten un sistema eficaz de recopilación y seguimiento de datos en el que deben participar los interlocutores sociales. No es un asunto ideológico y tampoco es inocuo. El aumento del SMI, además de generar una contracción del empleo en economías como la española, acaba trasladándose a los precios y en ese sentido, el coste económico del incremento se pone a cargo de la totalidad de los consumidores.
Un SMI demasiado bajo no tendría efectos sobre los trabajadores de rentas bajas y un SMI demasiado alto, aunque mejore las condiciones de los trabajadores implicados, corre el riesgo de tener un impacto muy negativo sobre el empleo y la dinámica económica de las empresas. Por eso, o el SMI es en cada momento el SMI óptimo o su fijación inadecuada –incluso al céntimo de euro- genera distorsiones graves. Y no debe ser un acto político ni ideológico ni un guiño a determinados votantes.
Un ejemplo de su importancia es Reino Unido, donde una Comisión formada por representantes de los interlocutores sociales y expertos del mundo académico dedicó dos años para determinar el exacto nivel de salario mínimo que el entonces primer ministro Tony Blair introdujo en 1999. Desde entonces, ha venido regulando las decisiones sobre la materia de forma independiente y sobre la base de un análisis técnico y no ideológico de las evidencias empíricas. En España no hay método. Se señala el incremento a ojo de buen cubero, sin que se conozca el criterio científico para su determinación. Se negocia su importe como si fuera una subasta. Sin embargo, su importe debe ajustarse al milímetro con base en sólidas mediciones técnicas.
Además, debe señalarse que ni siquiera se discute en España la definición del SMI. Porque hay varias formas de definirlo. Parece sencillo referirse al SMI por hora o por día o la retribución mensual o anual. Pero ya no es tan fácil aclarar si a su valor nominal bruto deben afectarle las pagas extraordinarias o su ausencia, o la indemnización prevista por despido o el valor de la formación a cargo de la empresa o las aportaciones del empleador en formas de cuotas a la Seguridad Social u otro tipo de aportaciones. Una mirada superficial puede pasar por alto estos asuntos, pero todos ellos son de gran importancia, como se ha comprendido en los países europeos que adoptan esta figura.
Por eso es preciso que la determinación del SMI no sea solo una negociación sobre una cifra estimada por intuición, calculada caprichosamente entre otras varias que parecen igualmente posibles, una subasta entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Porque cualquier SMI que no sea el óptimo científicamente calculado, coyunturalmente exacto, será un SMI destructor de empleo y cuyo coste económico será abonado por todos los consumidores.
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