El primer ministro del Quebec, François Legault, ha anunciado la posibilidad de aplicar un impuesto a las personas que no se vacunen contra la Covid19. A pesar de que alrededor del 85% de sus habitantes ya han recibido al menos una dosis, esta provincia canadiense concentra el mayor número de enfermos y fallecidos del país por la pandemia.
Actualmente, más de un tercio de los ingresados en los hospitales son personas no vacunadas, lo que ha llevado a Legault a considerar esta medida para "castigar" a los que no se han vacunado, como un acto de justicia frente a la mayoría de la población que sí se ha "sacrificado" por el bien común.
En primer lugar, cabe señalar que esta medida no sería posible en España, dado que los impuestos sólo se pueden exigir por negocios, actos o hechos que pongan de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, como tener un salario o poseer un inmueble, pero nunca por el incumplimiento de una norma y, mucho menos, de una recomendación. Y es que en nuestro país la decisión de vacunarse es voluntaria, pero aunque fuera obligatoria, la negativa tampoco podría "penalizarse" con un impuesto.
Y es que, en este caso, no estaríamos ante un impuesto como el del tabaco, cuya finalidad es disuadir a los fumadores de su consumo mediante el aumento del precio de puros y cigarrillos. Ni tampoco ante la reciente subida del IVA a las bebidas azucaradas, para reducir los efectos negativos que su ingesta supone para la salud de los consumidores. Aunque se puedan perseguir fines extrafiscales con los impuestos, siempre tienen que estar vinculados a una manifestación de riqueza, como la propiedad o el consumo, pero nunca exclusivamente a una decisión individual de cumplir o no con un derecho u obligación.
Otra cosa sería el debate entre el derecho a decidir si vacunarse (sustentado en la libertad individual protegida por los arts. 16 y 17 de la Constitución), y el derecho a la protección de la salud (recogido en el art. 43 de la Constitución) que exige a los poderes públicos tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y la prestación de los servicios sanitarios necesarios. Pues bien, sólo en el supuesto de que finalmente se obligase por ley a vacunarse, para proteger dicha salud pública, sería posible sancionar a los que no lo cumplieran, pero en todo caso con una multa y no con un impuesto.
De regímenes sancionadores la Administración sabe mucho, pero también los tribunales de anular las transgresiones y excesos de los mismos. Sólo cabe recordar las consecuencias del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma y la automática anulación de las miles de multas impuestas durante el primer confinamiento. Con permiso de mis compañeros constitucionalistas, tampoco veo en España que se pueda dar este escenario. Por ahora, dónde sí se está dando es en Grecia, que ha decidido multar con 100 euros mensuales a todas aquellas personas mayores de 60 años que se nieguen a vacunarse.
Por último, existiría otra posibilidad para "persuadir" a los no vacunados, y sería exigiéndoles el pago total o parcial de los servicios sanitarios recibidos en caso de contraer la enfermedad y acudir a la sanidad pública, como se ha decidido hacer en Singapur. Podría tratarse de un copago que ayudaría a financiar los costes del tratamiento que se podría haber evitado si el paciente se hubiera vacunado y que también podría convencer a más de uno a vacunarse por una simple cuestión de economía. No obstante, los copagos también responden a criterios de capacidad económica ya que, de otro modo, perjudicarían claramente a las personas con rentas más bajas e irían en contra de la igualdad y progresividad de nuestro sistema tributario.
Por todo ello, resulta evidente que utilizar la fiscalidad para reducir las cifras de no vacunados o para ir en contra de los antivacunas no es la solución, ya que la opción de no vacunarse nada tiene que ver con la capacidad económica de las personas sino con sus derechos y libertades fundamentales. Y, aunque no estemos de acuerdo con dicha decisión, no podemos convertir el deber de todos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en una vía indirecta para combatir aquellas posiciones que no compartimos o fastidiar aquellas personas que no nos gustan. Como diría aquél, impuestos doy que para mi no quiero.
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