Opinión

Nucleares sostenibles

Decíamos ayer… Sirva la frase atribuida a Fray Luis de León en su regreso a las aulas para racionalizar el debate abierto por la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de la energía nuclear y el gas natural y que mi amigo y compañero Juan Berga describe como el dilema "entre la furia verde y los precios".

En un alarde de responsabilidad y ante la imparable subida de las tarifas de la electricidad la Comisión ha propuesto que las inversiones en energía nuclear y gas natural se consideren sostenibles en la transición ecológica, es decir, dar la calificación de "inversión verde a los proyectos que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kw/h.

Una medida a la que se opone activamente el Gobierno de Sánchez en España que, una vez más se empeña en ir contracorriente y que ni sabe ni se atreve a plantear las soluciones a largo plazo y duraderas para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y racionalizar el tránsito hacia esa transición ecológica que todos defendemos, pero garantizando siempre un coste asumible y razonable que no condene a la pobreza energética a las clases trabajadores y más desfavorecidas de la sociedad.

Soluciones que deberían tener como ejes fundamentales una reforma fiscal que libere a los consumidores de todos los impuestos que son ajenos a la generación y distribución de la electricidad, por un lado; y por otro un Plan Energético Nacional, serio, realista y basado no en decisiones políticas sino en los recursos, capacidades y necesidades del país con el menor impacto posible sobre el bolsillo de los ciudadanos. Plan Energético que pasa ineludiblemente por acabar con esa demonización hipócrita de la energía nuclear, porque mientras aquí se prescinde de las nucleares seguimos comprando electricidad a Francia que procede de centrales nucleares, algunas de las cuales están a menos de 100 kilómetros de las fronteras españolas.

Francia tiene 80 centrales nucleares con un precio de la electricidad en torno a 40 euros más barato que el que pagamos en España donde sólo hay siete y en proceso de desmantelamiento. Pero no es sólo el país vecino. El Reino Unido dispone hoy de 16 nucleares activas y ha iniciado la construcción de otras seis nuevas. Y China con 16 nucleares activas y 27 inactivas está elaborando un programa de impulso a la energía nuclear como herramienta clave para reducir sus emisiones de CO2.

Porque la energía nuclear es limpia, barata y las centrales nucleares se encuentran entre las instalaciones más seguras del mundo desde el punto de vista tecnológico y físico. Disponen de tres niveles de seguridad que abarcan desde el diseño de la instalación hasta los procedimientos de funcionamiento y el entrenamiento del personal de operación. De los primeros trabajos realizados para calcular la probabilidad de los accidentes de gran magnitud, que se resumen en el informe WASH-1250, se deduce que la probabilidad de un accidente catastrófico en una central nuclear es sólo del orden de 1 en 1.000.000.000 por año de funcionamiento, muy inferior, por ejemplo, al riesgo en la aviación. Y en el caso concreto de España nunca ha habido un suceso clasificado como accidente según la escala INES (International Nuclear Event Scale).

Y no se trata de potenciar la construcción de nuevas nucleares sino de prolongar la vida de las ya existentes, ya amortizadas, y de aliviar en parte la sobrecarga fiscal que en nuestro país pagan estas instalaciones. El último informe realizado por Energía y Sociedad resalta que nuestro parque nuclear ha funcionado en 2020 con flujos de caja negativos, es decir que el precio al que venden la energía no ha sido suficiente para cubrir todos los costes. La?presión fiscal sobre las centrales nucleares, incluida la tasa a la empresa nacional de residuos, Enresa, ha subido un 430% desde 2008, con el añadido de que durante 2020 se ha incrementado con nuevos impuestos y cargas y con la subida de un 19% en la tarifa?para financiar Enresa.

Parar las centrales nucleares en España, como puede derivarse del recorte a la retribución del CO2 no emitido pondría en riesgo el 23% de la producción eléctrica, decisión que no saldrá gratis y encarecerá aún más el recibo de la luz.?El que quiera oír que oiga y el que quiera entender entienda.

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