La polarización izquierda versus derecha que tan buenos rendimientos políticos le ha traído a Pedro Sánchez conduce inexorablemente a la imposibilidad de acuerdos entre la izquierda (que ha sido la inventora de la polarización) y la derecha democrática. Lo cual impide acuerdos tan elementales como la renovación del Consejo General de Poder Judicial.
En verdad, han pasado 42 meses desde la exaltación de Sánchez al poder y dos años desde su teatral abrazo con Iglesias, tras 24 horas de fatigosas negociaciones que diseñaron con precisión matemática el futuro de España.
El balance más obvio del experimento es que cualquiera de los gobiernos anteriores, desde los de Suárez a los de Rajoy pasando por los de González, Aznar y Zapatero, puede exhibir un número de reformas estructurales y transformaciones de la realidad mucho más abundante que la obra raquítica de Sánchez y compañía.
El resultado ha sido que el sistema Sánchez ha sido incapaz de apoyar y conseguir ninguna de las reformas prometidas a bombo y platillo que ya desde que anunció se barruntaban inviables: No habrá ninguna reforma de la Constitución. Tampoco un nuevo sistema de financiación autonómica. No cambiará el régimen jurídico de Cataluña, ni la reforma laboral de Rajoy se sustituirá por otro marco de relaciones laborales, y la lista podría continuar. En palabras textuales de Ignacio Varela, "El impulso reformista que, en una u otra dirección y con mayor o menor acierto, marcó la trayectoria de la democracia española desde su fundación, se ha quedado inane y seco por culpa de la ferocidad sectaria que ha convertido lo que Felipe González llama 'el espacio público compartido' en un secarral irrespirable donde las plantas mueren antes de nacer y solo el azufre crece."
El marco constitucionalista de 1978 es alérgico a la polarización y choca frontalmente contra una clase dirigente que describe atinadamente Varela: "Es como si, en un campo de fútbol, ambos equipos decidieran por su cuenta ignorar la regla del fuera de juego, dar validez a los goles con la mano y autorizar patadas a discreción. Habría un balón (¿o no?), dos porterías y 22 individuos con camisetas de colores distintos, pero nadie en sus cabales llamaría fútbol a eso ni esperaría que saliera algo bueno de semejante carajal".
¿Y quién es el culpable? Según el gobierno Frankenstein, la "derechona", que no se aviene a pactos, y según cualquier observador neutral, ambos jugadores, que quieren jugar sin normas.
Nadie en su sano juicio se negaría a cambiar la Ley electoral, que nos está llevando a la dispersión política y a la ingobernabilidad. Para más inri, aparece ahora la "España vacía", que aspira simplemente a crear una cuadrilla gritando en el Congreso "¿qué hay de lo mío?" y provocando una dispersión ingobernable.
Y yo me pregunto: ¿Qué les cuesta al PP y al PSOE cambiar la Ley electoral haciendo, por ejemplo, lo siguiente: 300 diputados en listas nacionales con un 10% de mínimo y 50 por provincias, uno por cada provincia? Bien sé que a los nacionalistas esta solución no les va a gustar nada pero, por una vez, que se aguanten. Ya hemos soportado suficiente tiempo sus chantajes parlamentarios.
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