Las economías emergentes son más vulnerables al calentamiento global, incluyendo inundaciones costeras y caídas de producción agrícola. De hecho, un estudio de la Universidad de Oxford, encargado por Pictet AM, estima que el cambio climático puede reducir el PIB mundial per cápita un 45 % para 2100 y los países emergentes en latitudes cálidas sufrir pérdidas mucho mayores
Sin embargo, las economías emergentes pueden proporcionar soluciones, hasta el punto de que, en algunos aspectos, están bien situadas para tomar la delantera. China, por ejemplo, cuenta con la mayor parte de la fabricación de células fotovoltaicas, a la vanguardia de I+D. Por su parte India tiene uno de los programas de energía renovable mayores del mundo, con objetivo de 175 gigavatios instalados para 2022, cinco veces más que actualmente.
El caso es que COVID-19 ha intensificado la disparidad del acceso a recursos, naturales y artificiales, infraestructuras y capital humano de los países emergentes, incluso la solidez de sus instituciones. Hay que tener en cuenta que la forma en que se comportan en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) afectan su atractivo de inversión. Estos factores son especialmente importantes en Latinoamérica, donde el populismo experimenta resurgimiento y aumenta el riesgo de erosión de la solvencia a largo plazo, pues trata de solucionar problemas mediante gasto, provocando incremento de presiones fiscales. Por su parte el empeoramiento del desempleo juvenil, pobreza y escasos resultados educativos son una amenaza para la formación de capital humano, donde Latinoamérica corre un riesgo especialmente alto. En cuanto a Europa del Este, estamos animando a Hungría a poner en marcha un programa de bonos "verdes" para financiar iniciativas relacionadas con cambio climático y presionamos al gobierno de Rumanía, que ha respondido con una estructura de bonos "verdes" que debe contribuir a reforzar sus credenciales en sostenibilidad.
Además, un número cada vez mayor de empresas de estos mercados empieza a adoptar prácticas sostenibles, que financian con bonos vinculados a la sostenibilidad. La característica de estos bonos, a diferencia de los "verdes", es que recaudan fondos para proyectos orientados a medio ambiente o sostenibilidad, con cupón ligado a objetivos, desde emisiones de gases de efecto invernadero a energías renovables, residuos o uso de agua. Si el emisor no cumple en plazo, el cupón aumenta. En los primeros ocho meses de 2021 estas emisiones se han multiplicado por cuatro, hasta 70.000 millones de dólares.
Aun así, el mercado de bonos vinculados a sostenibilidad es incipiente, 6 % del total de bonos etiqueta ASG en el mundo. Pero atrae creciente interés, porque permite a los inversores beneficiarse de las mejoras en sostenibilidad de las empresas y elegir emisores cuyas prioridades se alinean con las suyas. Además, es un mercado potencialmente más diverso. Los "bonos verdes" suelen ser emitidos por empresas de industrias con importantes proyectos ambientales, energía, servicios públicos y construcción. Pero los bonos vinculados a sostenibilidad pueden ser emitidos por empresas de prácticamente cualquier sector, una alternativa para que las empresas de mercados emergentes financien su transición sostenible y amplíen base de inversores. En concreto, las empresas con sede en Asia suponen 60 % de las nuevas emisiones de bonos vinculados a sostenibilidad y las latinoamericanas 20 %. Tiene sentido. El clima extremo causado por el calentamiento global supone amenazas particularmente graves para China e India, pesos pesados del bloque asiático. China suma casi la mitad de activos eléctricos e industriales del mundo, infraestructuras en mayor riesgo de perder valor. De manera que tiene el ambicioso objetivo de ser neutral en emisiones de carbono para 2060, lo que se espera requiera 16.000 millones de dólares en inversiones, en gran parte financiadas mediante deuda empresarial vinculada a sostenibilidad.
Ahora bien, los inversores deben someter los bonos vinculados a sostenibilidad a mayor escrutinio, sin perder de vista el perfil crediticio del emisor, ni la valoración. Se deben examinar los objetivos sostenibles y el mecanismo de penalización. El plazo para cumplir puede ser demasiado amplio y el aumento del cupón, generalmente 5 a 10 % mayor, modesto. Confiar únicamente en un aumento del cupón puede recompensar un fracaso. Hay mecanismos más progresivos, como la compra obligatoria de compensaciones de emisiones de carbono. Aunque la Asociación Internacional del Mercado de Capitales proporciona los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, se necesita un marco obligatorio que fomente la confianza. Un ejemplo es el BCE, la primera autoridad monetaria en clasificar bonos vinculados a sostenibilidad elegibles como garantía y para su programa de compra de activos. Los cupones deben estar vinculados a un objetivo del Reglamento de Taxonomía de la UE y de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es bueno que haya una evolución similar en mercados emergentes ante la creciente popularidad de los bonos "verdes" entre emisores soberanos.
