Se cumplen los peores augurios sobre la nueva Ley de Vivienda elaborada por el Gobierno. Esta norma siempre fue uno de los principales puntos de fricción entre PSOE y Podemos en el seno del Ejecutivo.
Ahora, la necesidad de amarrar los Presupuestos de 2022 hace que ese atolladero quede salvado tras plegarse los socialistas a las exigencias del partido morado. En otras palabras, el camino queda allanado para intervenir el mercado de alquiler "por primera vez en la historia", tal y como se jactó Podemos en las redes sociales. Tan lamentable hito permitirá que las autonomías impongan reducciones en los arrendamientos a los grandes propietarios (aquellos con más de 10 viviendas). En cuanto a los pequeños propietarios (basta con tener una sola vivienda alquilada para entrar en esa categoría), se les podrá exigir que congelen el precio. Todas estas medidas se focalizan en las llamadas "zonas tensionadas", cuya definición está todavía por concretarse. La ley, además, ataca al sector inmobiliario por otro frente, como es la construcción de promociones. Con la nueva regulación, el 30% del suelo destinado a ese fin deberá reservarse para vivienda protegida, y la mitad de ese tercio a alquiler social. Esta medida, junto con la limitación de alquileres, ya han demostrado sus nocivos efectos no sólo en otros países sino también en la Ley de Vivienda de Cataluña, pero los cálculos meramente políticos hacen que el Gobierno cierre los ojos a esa realidad.
Podemos impone sus criterios en la futura de ley del sector, que finalmente permitirá intervenir el mercado de alquiler
Paradójicamente, lo hace invocando la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda. Lo que conseguirá, sin embargo, es justamente lo opuesto: espantar a los inversores y propietarios, socavar la oferta inmobiliaria y, en consecuencia, elevar los precios.
