El Gobierno se afanó en presentar el mes pasado como el agosto más positivo para el mercado laboral español. Sin duda, puede invocar a su favor el hecho de que el paro registrado mostró un descenso de más de 82.500 personas, un comportamiento atípico para un periodo en el que la temporada de vacaciones se acerca a su final, lo que reactiva los despidos y eleva las cifras de desempleados.
Por el lado de las altas a la Seguridad Social, el Ejecutivo también aseguró que hay buenas noticias. Es cierto que el nivel de afiliados previo a la crisis ya se recuperó antes del verano, pero faltaba que también volviera a los niveles pre-Covid en términos desestacionalizados. Y lo logró en agosto al registrar 19,47 millones de trabajadores. Sin embargo, conviene moderar el triunfalismo en este apartado. La destrucción de empleo en el mes pasado volvió a ser abultada, al registrarse 118.000 puestos de trabajo menos con respecto a julio, lo que rompe la tendencia alcista ininterrumpida que se inició en febrero. De hecho la desaparición de puestos de trabajo se extiende ya incluso al sector público, con 15.000 empleados menos. Es más, los datos de afiliación serían notablemente peores si no siguieran incluidas en ellos las más de 272.000 personas que continúan sujetas a Ertes. Es cierto que aún cotizan, pero el hecho de que sigan en ese régimen un año y medio después de iniciada la crisis les resta toda posibilidad de que recuperen sus antiguos empleos.
Todavía hay más de 272.000 personas sujetas a Ertes con posibilidades ya ínfimas de recuperar sus empleos
Ya en marzo el Banco de España avisó de que estos expedientes carecían de efectividad tras tanto tiempo y no la recuperarán aunque, como todo apunta, se vuelvan a prorrogar a partir de octubre. Las cifras de empleo, por tanto, todavía no reflejan los daños reales de la crisis en el mercado laboral.
