Es bien conocido el retraso que la industria automovilística española acumula en lo que al coche eléctrico se refiere, ya que sus cadenas de montaje siguen produciendo mayoritariamente vehículos propulsados por gasóleo o gasolina. Igualmente reseñable es el ínfimo peso que corresponde a los automóviles enchufables entre los consumidores de nuestro país.
Las matriculaciones de este tipo se situaron, durante el pasado semestre, en el 2% del parque de nuevos coches adquiridos en ese periodo. Más preocupante aún es la evolución, ya que España lleva años estancada en dicho porcentaje, mientras el promedio europeo presenta un crecimiento sostenido que lo sitúa en el 6,7%, con picos aún mayores en Alemania y Francia.
Resulta ingenuo pensar que los registros españoles pueden mejorar sustancialmente, considerando el ínfimo alcance de la red de puntos de recarga para coches eléctricos ahora disponible en nuestro país. Ante esa realidad, no puede extrañar que el primer Plan de Reconstrucción lanzado por el Gobierno, vinculado a las ayudas europeas Next Generation, conceda una gran importancia a la ampliación de esa infraestructura. Ahora bien, ese Perte establece unos objetivos demasiado genéricos considerando la gran tarea que hay por delante. La UE ya fijó como tope el año 2035 para prohibir la venta de nuevos vehículos de combustión.
Según los expertos, para que esa meta sea asumible, España debería contar, ya en 2030, con 340.000 puntos de recarga, partiendo de los apenas 11.500 de que ahora dispone. Se tratará de una misión imposible si no se define una hoja de ruta clara para las inversiones y sometida a plazos vinculantes y realistas.
