Todos los partidos de la oposición (con la única abstención del PNV) se unen en el Congreso para dejar en suspenso el alza del Impuesto de Matriculación en vigor desde enero.
Se pone coto así al intenso daño que esa subida infligía a la industria española del automóvil. Es cierto que la medida procede de la aplicación de la nueva normativa europea anti-emisiones, pero también lo es que otros países optaron por implementarla de un modo más gradual. Evitaron así el fuerte encarecimiento de los vehículos nuevos, en plena crisis, ocurrido en España. La tasa de este Impuesto llegó, en varios tramos, a duplicarse respecto al nivel de 2020, lo que agravó los problemas, ya de por sí graves (falta de chips, parálisis del consumo...) que sufre un sector clave del PIB español.
