La última actualización del informe sobre el cambio climático elaborado por los científicos de la ONU ha tenido un inmediato efecto en el Ministerio de Transición Ecológica.
Su titular, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, se basa en ese documento a la hora de abogar por otro acortamiento de los plazos para consolidar una economía libre de emisiones contaminantes. La UE ya asumió una muy ambiciosa meta al adelantar a 2030 los objetivos inicialmente fijados para 2050. Pero, ahora, Ribera, argumenta que "ni siquiera 2030" marca ya un horizonte aceptable y asegura que urge "acelerar una transición ecológica justa".
El informe de la ONU, sin duda, goza de prestigio científico y es contundente en sus conclusiones, al dibujar un preocupante escenario, en el que la temperatura global está abocada a elevarse 1,5 grados en las próximas dos décadas. Con todo, es muy cuestionable que deba erigirse en la directriz dominante de las políticas energéticas de los Gobiernos, máxime en una situación tan crítica para ese sector como la actual.
Tras los sucesivos máximos de julio, el precio mayorista de la electricidad en España batirá hoy otra marca, al situarse en casi 112 euros por megawatio. Es innegable la responsabilidad que, en ese constante encarecimiento, corresponde a instrumentos ligados a la transición ecológica como los derechos de emisión de CO2, cuyo precio no encuentra techo.
Una evolución aún más acelerada hacia una economía verde obliga a ejercer una presión aún mayor sobre ese mercado y, por extensión ,sobre el recibo de la luz de empresas y ciudadanos, y sobre los altos impuestos que ya pagan. Sin duda, la transición ecológica es necesaria pero debe sujetarse a plazos económicamente sostenibles.
