El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, deja clara en elEconomista su intención de que la nueva reforma de las pensiones esté aprobada a finales de este mismo año.
La premura es comprensible considerando no sólo la delicada situación financiera del sistema público que respalda estas prestaciones. Además, como reconoce Escrivá, los cambios que la reforma incluye se alinean con las "modificaciones y transformaciones" que la Comisión Europea reclama a España desde hace años, y en las que ha vuelto a insistir ante la próxima liberación de las ayudas comunitarias contra la crisis. Ante lo apurado de los plazos, todo parece a favor de que se produzca un efecto llamada en pro de la jubilación anticipada antes del 31 de diciembre, de modo que miles de trabajadores adelanten el momento de su retiro en unos meses, para evitar someterse a las nuevas condiciones que la reforma implantará. Esa sería una delicada situación que un país como España no puede permitirse, dada la gran diferencia que aún existe entre la edad real y la oficial de jubilación. Por ello, resulta necesaria la aclaración del ministro en la que deja claro que la reforma no afectará las "personas que están a punto de jubilarse". El anuncio resulta aún más oportuno considerando que el Gobierno corre el riesgo de que se vuelva en su contra la decisión de flexibilizar los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas.
Escrivá evita el 'efecto llamada' a la jubilación anticipada evitando una aplicación precipitada de la futura reforma
Una medida que busca incentivar la prolongación de la vida laboral tendría justo el efecto contrario si se transmite la expectativa de que la reforma de pensiones se aplicará de forma inmediata. Un cambio que debe plantearse para estar "vigente 30 años" requiere una aplicación gradual.
