La situación límite de Ceuta, tras el asalto de cerca de 8.000 inmigrantes ilegales ante la pasividad e incluso la abierta colaboración de la policía marroquí, es la manifestación más inmediata del constante deterioro que caracteriza las relaciones entre el Gobierno de coalición y el reino alauí.
El fomento del conflicto complacía especialmente al exvicepresidente Iglesias pero su salida del Gobierno no significó el fin de esas políticas; al contrario, fue entonces cuando Exteriores permitió la hospitalización en España del muy controvertido líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El presidente Sánchez aseguró, antes de aterrizar en Ceuta, que defenderá "con firmeza" los límites de la ciudad autónoma, pero el problema no se agota en la ya de por sí grave situación fronteriza, de orden público e incluso sanitaria. Es inevitable que se planteen preocupantes perjuicios económicos en el caso de dos países con lazos inversores y exportadores tan estrechos. Basta con recordar que España es el tercer mayor inversor en Marruecos y que más de 600 empresas de nuestro país tienen presencia directa en su territorio. Pero igualmente importantes son los intereses estratégicos en juego para el suministro de gas a la Península Ibérica (y el resto de la UE).
En el conflicto con Marruecos, España se juega aspectos tan delicados como el nuevo contrato de importación de gas
Precisamente el próximo octubre vence el contrato que permite al gasoducto del Magreb atravesar el territorio marroquí para que Naturgy y Galp puedan importar ese hidrocarburo procedente de los yacimientos argelinos. Su renovación ya atravesó dos años de continuos tiras y aflojas y ahora enfrenta el escollo de la pugna entre Rabat y Madrid. Se trata de una clara muestra de los serios daños que ese conflicto puede infligir a la recuperación económica en un momento delicado como el actual.
