La Comisión Europea (CE) ha dado esta semana una vuelta de tuerca a su voluntad de vigilar más de cerca las adquisiciones por parte de empresas extranjeras en territorio europeo. Si el mecanismo de control de la inversión extranjera directa (FDI Screening) fue un intento que se quedó a mitad de camino, la propuesta de reglamento sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior aspira a llegar mucho más lejos. La norma, que establece normas y procedimientos para investigar y corregir dichas distorsiones, se aplicará a las ayudas concedidas por gobiernos no pertenecientes a la UE a empresas que ejerzan una actividad económica en territorio europeo.
La propuesta cuenta con el respaldo político de Francia y Alemania, que reclamaban un control sobre estas prácticas en su manifiesto de 2019 para una política industrial europea. Aunque gran parte del impulso político de la norma proviene de las distorsiones causadas por las subvenciones concedidas por el gobierno chino, el reglamento se aplicará a cualquier subvención no comunitaria y a todas las empresas de todos los sectores industriales que desarrollen su actividad en la UE. La propuesta comenzará ahora su andadura legislativa con el examen del Parlamento Europeo y el Consejo.
En procesos de fusión o adquisición se requerirá una notificación especial a la Comisión cuando se alcancen determinados umbrales, y las operaciones deberán ser aprobadas en materia de subvenciones extranjeras antes de que puedan cerrarse. Igualmente, en los procedimientos de licitación pública que superen determinados umbrales, también será necesario notificar las subvenciones extranjeras a la UE.
Las empresas que son total o parcialmente de propiedad estatal son las candidatas más obvias a un examen minucioso con arreglo a las nuevas normas, pero cualquier empresa que reciba cualquier ayuda gubernamental no comunitaria debe estar atenta a este nuevo régimen normativo, que se aplicará a todos los sectores y a todas las ayudas no comunitarias.
Pasarán uno o dos años antes de que esta propuesta complete el proceso legislativo, se apruebe y entre en vigor. Sin embargo, debido a las disposiciones transitorias establecidas en el artículo 47 de la propuesta, las subvenciones extranjeras concedidas en los diez años anteriores a la fecha de aplicación del reglamento quedarán atrapadas de forma retrospectiva. Esto significa que muchas subvenciones ya concedidas por gobiernos extranjeros en los últimos años serán objeto de revisión una vez que entre en vigor el nuevo reglamento.
El concepto de subvención de la propuesta es amplio y coincide con el del régimen interno de revisión de ayudas estatales de la UE, que tiene décadas de antigüedad. Va mucho allá de las inyecciones de dinero en efectivo de los gobiernos a las empresas. Incluye la ayuda en forma de garantía ilimitada para las deudas o el pasivo de una empresa, así como mecanismos que apoyen una transacción, o ayudas que permitan a una empresa presentar una oferta indebidamente ventajosa para un contrato público.
Es probable que veamos más operaciones examinadas en Bruselas por motivos de competencia, muchas de las cuales también pasarán por un procedimiento separado y paralelo de examen de las subvenciones extranjeras ante la UE una vez que entre en vigor este reglamento. Cuando las empresas se beneficien de subvenciones de fuera de la UE por valor de 50 millones de euros o más, y pretendan adquirir una empresa europea con un volumen de negocios total en la UE de 500 millones de euros o más, la operación tendrá que notificarse a la CE para que la revise con arreglo al nuevo régimen de subvenciones extranjeras.
En el contexto actual de recuperación e inyección de capital público al sector privado en todo el mundo, el reglamento propuesto podría añadir un nivel de incertidumbre para los beneficiarios de las ayudas. A medida que la propuesta sea examinada por el Consejo y el Parlamento Europeo, cabe esperar que las partes aboguen por una mayor seguridad jurídica en relación con las medidas específicas de apoyo estatal de la COVID-19.
El reglamento envía una señal a los terceros países de que cualquier ayuda que puedan conceder a las multinacionales en el futuro puede obstaculizar a esa empresa en sus operaciones comerciales en la UE. De este modo, los responsables políticos de la UE esperan que el nuevo instrumento sirva para disuadir a los gobiernos extranjeros.
