El Gobierno aprueba la ley sobre los repartidores a domicilio, una norma en la que la conversión de estos trabajadores en asalariados hace tiempo que dejó de ser su punto más polémico.
La ley obliga a todas las plataformas digitales, sea cual sea su actividad, a permitir el acceso a los algoritmos con los que se determinan las condiciones laborales de sus trabajadores. Además, un comité de expertos marcará las reglas para el "buen uso" de esos algoritmos. Ni la UE ni ningún país europeo ha llegado tan lejos en la regulación de la economía digital, ante los problemas que pueden surgir con las normativas que protegen la propiedad industrial. España se adentra así en un terreno desconocido en el que existe la amenaza de que se plantee un grave conflicto jurídico.
