La reforma del mercado laboral que prepara el Gobierno supone, en su actual diseño, un duro golpe para la contratación temporal en España.
La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, fue clara al expresar su intención de que los contratos por periodos limitados se conviertan en la "excepción" en nuestro país. Su propósito, por tanto, va mucho más allá de definir mejor los supuestos, ya existentes, que justifican el recurso a esta modalidad de trabajo, lo que sin duda contribuiría a la necesaria lucha contra el fraude. Lo que en realidad ocurrirá es que se endurecerán los criterios que permiten recurrir a este tipo de contratos, más allá de atender necesidades muy puntuales como la sustitución de trabajadores de baja, o la urgencia de contar con refuerzos para atender pedidos excepcionales. Se cierran así los ojos al importante rol que corresponde a la contratación temporal en una economía como la española, en la que tienen un gran peso servicios con un marcado carácter estacional, como los asociados al turismo. Miles de empresas recurren a este tipo de vínculos laborales porque así lo requiere la naturaleza misma de su actividad y resulta injusto identificarlas de forma automática con el fraude y la precarización. Generalizar forzosamente los contratos indefinidos equivale a una reforma de demasiado calado para que pueda implantarse este mismo año sin el acuerdo del diálogo social, una posibilidad que la vicepresidenta ya contempla.
La generalización los contratos indefinidos puede tener graves efectos en una economía como la española
Las empresas ya afrontan importantes obstáculos a la hora de incorporar personas a sus plantillas, como la futura prohibición del despido para las que recurran a los incentivos a la contratación. La forma en que se limitarán los contratos temporales agravará esa situación.