El BCE se enfrenta a una paradoja. Por un lado, ha fracasado en el cumplimiento de su mandato de estabilidad de precios, ya que la inflación ha estado por debajo del 2% durante la última década. Y a pesar de este flagrante fracaso, el BCE se plantea ahora hacer algo más que velar por la estabilidad de los precios. Por ejemplo, Christine Lagarde ha despertado las expectativas de que el BCE adopte medidas concretas contra el cambio climático cuando finalice la revisión de la estrategia de la institución.
En teoría los Tratados europeos ya confieren un amplio poder al BCE para actuar en otros objetivos distintos de su mandato principal de estabilidad de precios. El artículo 127 del Tratado Fundacional de la UE establece que, sin perjuicio de la estabilidad de precios, el BCE "apoyará las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos establecidos en el artículo 3 del Tratado".
A lo largo de los años esta disposición del Tratado ha sido mencionada a menudo por quienes quieren empujar al BCE a actuar en diversas direcciones. Por lo general, los sindicatos quieren que persiga el pleno empleo con más fuerza, mientras que las ONG desean que haga más para luchar contra el cambio climático o la desigualdad. De hecho, la amplitud de los objetivos mencionados en el artículo 3 del TUE -que van desde la seguridad, la equidad y el crecimiento económico hasta la protección del medio ambiente, la innovación y muchos otros objetivos loables de la UE- abre la puerta a un número infinito de objetivos posibles para el BCE.
Hasta cierto punto esta flexibilidad es útil y conveniente. Deja la puerta abierta a todos los vientos de cambio posibles. Pero al final, demasiada vaguedad también conduce a la inacción. De hecho, si se elimina la vaguedad y se justifica explícitamente la postura de la política monetaria basada en un objetivo secundario, el BCE sería percibido como si tomara decisiones políticas, y por ello prefiere mantenerse al margen.
Es preciso definir cómo debe actuar el BCE más allá del ámbito de política monetaria
El descuido de los objetivos secundarios es comprensible si se tiene en cuenta que el mandato del BCE carece de orientaciones sobre cómo deben clasificarse y alcanzarse estos objetivos secundarios. La institución adolece de "lagunas democráticas de autorización democrática" (como dicen Nik de Boer y Jens van 't Klooster), es decir, la incapacidad de los legisladores de prever las situaciones en las que se encuentra actualmente el BCE: tener que decidir entre diferentes objetivos y herramientas que tienen consecuencias de gran alcance más allá de lo que los redactores del Tratado previeron.
Aunque la ordenación está clara entre el mandato primario de estabilidad de precios del BCE y sus deberes de supervisión, si el BCE debe actuar en sus objetivos secundarios, y cómo hacerlo, es mucho más borroso y está sujeto a difíciles compensaciones. ¿Debe el BCE favorecer el empleo o el clima? A veces, utilizar diferentes herramientas para lograr diferentes objetivos podría ser posible, pero a veces no es el caso. La gestión de estas compensaciones es una tarea intrínsecamente política y el BCE debería recibir algunas orientaciones explícitas sobre qué objetivos secundarios son los más relevantes para la UE en una situación concreta. para la UE en una situación concreta. Como dijo una vez Benoit Cœuré, antiguo miembro del Consejo del BCE: "Establecer prioridades entre diferentes objetivos es la definición de la política [...] y eso es lo que hacen los parlamentos".
Por eso, para añadir legitimidad a la actuación del BCE en sus objetivos secundarios, debería desarrollarse un procedimiento formal en el que participaran tanto el Consejo como el Parlamento Europeo, con el fin de especificar y priorizar las áreas políticas en las que se espera que actúe.
En la práctica los canales existentes de responsabilidad entre el Parlamento y el BCE ya proporcionan un conducto para dicha priorización. El Parlamento podría utilizar sus resoluciones anuales sobre el BCE para votar una clasificación de tres objetivos secundarios principales, y podría optar por reorientar las comparecencias trimestrales sobre política monetaria con el presidente del BCE para realizar comprobaciones periódicas sobre el cumplimiento del mandato así interpretado.
De este modo el BCE recibiría una legitimidad renovada para un conjunto ampliado de objetivos. Podría trabajar eficazmente, desplegando todo su instrumental hacia un conjunto de objetivos políticos claros y políticamente definidos, guiados por instituciones democráticas. El mandato del BCE se estableció hace tres décadas, cuando no se preveía ninguno de los retos actuales. Por tanto, es natural que el mandato esté hoy sujeto a interpretaciones diferentes y a veces contradictorias en la zona del euro. Aunque el Tribunal de Justicia Europeo tiene un papel que desempeñar en la identificación de salvaguardias y límites para garantizar que el BCE respete los límites establecidos por los Tratados de la UE, no debería decidir en lugar de los responsables políticos elegidos sobre las futuras orientaciones del mandato del BCE.
El Parlamento ya ha dado un paso importante al acordar en diciembre de 2020 solicitar el acuerdo de un convenio interinstitucional sobre el marco de responsabilidad del BCE, que hasta la fecha es en gran medida informal. Las próximas negociaciones entre Fráncfort y el Parlamento, junto con la actual revisión de la estrategia del BCE, ofrecen una oportunidad única para potenciar un sólido proceso de rendición de cuentas directamente con el BCE, respetando plenamente su independencia.
Con la colaboración de:
Pervenche Bères, ex miembro del
Comité para Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo
Nik de Boer, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Amsterdam
Panicos Demetriades, profesor en la Universidad de Leicester y ex miembro del Consejo de Gobierno del BCE
Sebastian Diessner, socio del Instituto Universitario Max Weber
Stanislas Jourdan, director ejecutivo de Positive Money Europe
Jens van't Klooster, socio post-doctoral KU Luven
Vivien Schmidt, catedrática Jean Monnet en la Universidad de Boston
