Numerosos españoles residentes en países extranjeros ajenos a la UE denuncian en Bruselas a la Hacienda española. Se trata de una respuesta coherente con el agravio que sufren cuando hacen la declaración de los ingresos que siguen obteniendo en España derivadas, por ejemplo, del alquiler de inmuebles que poseen en nuestro país.
El trato que sufren los arrendamientos en el llamado Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) es especialmente ilustrativo. Estos contribuyentes no tienen derecho alguno a las deducciones en este capítulo que se reconocen en el IRPF ordinario, relacionadas con gastos habituales como la comunidad, los intereses o las reparaciones. Pero, además de tributar íntegramente por lo que perciben de dichos alquileres, lo hacen a un tipo más alto, específico para ellos, del 24%.
Esta severa penalización que el Fisco español aplica, por el mero hecho de residir fuera de la UE, es una rareza dentro de la propia Unión, y, de hecho, la Comisión la considera contraria a un derecho básico, como el que ampara la libre circulación de capitales. Además, abrió un procedimiento de infracción contra España por este motivo en 2019. En estas circunstancias, no se entiende el empecinamiento de Hacienda por evitar todo cambio en el régimen que establece el IRNR.
Su defensa, basada en que el Tribunal de la UE no se ha pronunciado sobre este asunto, dista mucho de ser satisfactoria. Es cada vez más probable que el caso acabe ante los jueces europeos por el aluvión de denuncias de contribuyentes afectados. El daño, además, es ahora mayor que en los últimos años, dado que el Brexit ha elevado sustancialmente el número de españoles residentes fuera de la UE.
