Los efectos del ciberataque que los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) sufrieron hace dos semanas aún se dejarán notar el mes próximo. Cerca de 150.000 personas recibirán con retraso los cobros que les corresponden en abril. Es cierto que todo apunta a que se tratará de una demora de días.
Además, sólo perjudica a una parte de los nuevos demandantes de prestaciones, cuyas solicitudes, en muchos casos, han sido registradas a mano por los funcionarios del Sepe y ni siquiera están incorporados a su base de datos. Sin embargo, resultaría un error restar importancia a este nuevo percance que sufren los Servicios de Empleo y, sobre todo, sus usuarios. Mucho antes de este ciberataque, en el inicio de la crisis, ya afloraron la obsolescencia y otras importantes debilidades de los sistemas informáticos de Trabajo. Basta recordar el caos en el pago de los Ertes que se extendió durante meses, hasta noviembre pasado, por el empecinamiento del Ministerio en negar el problema e incluso rechazar la ayuda externa que otros departamentos del Gobierno, y también empresas privadas, le ofrecieron. La lección no fue entonces aprendida como deja en evidencia el hecho de que el Sepe sigue arrastrando importantes vulnerabilidades, en un ámbito tan importante para un sistema que maneja datos de millones de ciudadanos como la seguridad.
Los efectos del ataque informático de este mes provocarán retrasos en los pagos de miles de trabajadores
De hecho, ha habido que esperar a un nuevo colapso de Empleo para que se acelere el plan de defensa cibernética del Ejecutivo, que reforzará las redes y examinará más exhaustivamente a los proveedores de estos servicios. Ahora bien, para su desarrollo pleno habrá que esperar a la implantación del 5G. Hasta entonces, los problemas en el sistema del Sepe siguen pendientes de abordarse.
