El Gobierno estudia la elevación, en la segunda mitad del año próximo, de la cuantía de la pensión máxima, ahora situada en 2.707 euros mensuales.
Un análisis precipitado concluiría que el propósito del Ejecutivo de subir esas prestaciones no podría resultar más inoportuno, ante el alto déficit que acumula la Seguridad Social desde hace años, ahora agravado por la crisis sanitaria y económica. Con todo, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la futura alza de esas pensiones no se hace sin contrapartida. En paralelo, volverían a destoparse las cotizaciones máximas y superarían así su actual límite, situado en 4.070 euros mensuales. En otras palabras, la operación está diseñada para ser plenamente sostenible desde el punto de vista financiero. No en vano la Seguridad Social vería incrementados sus ingresos actuales (ya que las rentas altas pagarán unas cotizaciones más elevadas), mientras que el aumento de su gasto se difiere, puesto que no se hará efectivo hasta que esos contribuyentes se jubilen. Es más, puede asegurarse que el futuro avance de la cuantía de las pensiones no compensará la elevación en sus cotizaciones que los sueldos más altos asumen desde hace casi una década. Las bases máximas se han elevado sistemáticamente desde 2013, de modo que el incremento que acumulan ronda el 23%. Dicho aumento no sólo sube la carga, en forma de pagos de cotizaciones, que afrontan las empresas. Además, tiene los efectos de un impuesto que penaliza el talento asociado a puestos directivos.
La posible alza de las pensiones máximas se verá acompañada de otro 'destope' de las cotizaciones más elevadas
Este castigo fiscal, que volverá a repetirse en 2022, desincentiva la permanencia de los trabajadores más cualificados en España y propicia que nuestro país se vea privado de todo ese capital intelectual.
