Mientras seguimos dándole vueltas a los riesgos de la actual política monetaria y a posibles brotes inflacionarios, el Banco Central Europeo (BCE) sigue pisando el acelerador y comprando bonos para paliar la crisis y frenar la rentabilidad de la deuda. Así que semanalmente la institución regida por Christine Lagarde comprará de 20.000 a 25.000 millones de euros de deuda. El BCE es consciente de que este año, con carácter temporal, la inflación podría llegar al 1,5% o, a lo sumo, al 2%.
No obstante, tranquilidad en Frankfurt, que resta importancia, en la actual tesitura, a esa animación inflacionista, a diferencia de lo que ocurre por Estados Unidos y las sensaciones de la Reserva Federal. Parte de ese ramalazo inflacionario corresponde a materias primas.
La reanimación industrial juega un papel fundamental. El recorte de la producción de petróleo, sobre todo en Arabia, disminuye las existencias de crudo y el mayor consumo, al recobrarse la actividad económica, hace subir los precios. Y en Estados Unidos el dinero entregado a las familias para fomentar el consumo perfila tintes inflacionistas.
Sin embargo, la generosa política monetaria y la tan acomodaticia política financiera tiene como objetivo, además de recuperar arrestos económicos, esquivar tentaciones deflacionistas, a través de lo que sería la reflación. Planean riesgos de recesión susceptibles de desembocar en una depresión más profunda, según se marquen los tiempos de la contienda con el virus y se trunque la vuelta a la normalidad. Entretanto, por aquí, en esta querida España, finalmente llega el chocolate del loro, a destiempo, mal y, a todas luces, insuficiente. De los 11.000 millones de euros de ayudas a empresas y autónomos anunciados a bombo y platillo, solo 7.000 millones en ayudas directas, a repartir 5.000 con destino en la península y 2.000 para Baleares y Canarias, y 4.000 para reestructurar deuda.
No es de extrañar que los ánimos empresariales se enfurezcan y se pase a la acción
Si el PIB de España en 2020 fue de 1.119.976 millones de euros, aquellos 11.000 millones suponen el 0,98% y esos 7.000 millones de ayudas directas equivalen al 0,6% del PIB. ¡Pura menudencia ante el marasmo que nuestra economía productiva padece! Y antes de mayo, con toda suerte de obstáculos burocráticos que salvar, solicitudes que rellenar y trámites que cumplimentar, nadie tocará esa calderilla Hablando claro, esta suma de los 7.000 millones de euros constituye una auténtica birria si con ese dinero se pretende rescatar a nuestras empresas y autónomos y sostener puestos de trabajo, cuando se está precipitando el proceso de destrucción empresarial y de empleo.
No es de extrañar, por consiguiente, que los ánimos empresariales se enfurezcan y se pase a la acción. Son 50.000 empresas destruidas en este último año, con una serie de sectores tremendamente castigados por las medidas restrictivas que el Gobierno ha decretado. Se han dejado de facturar 287.000 millones de euros, consecuencia de la caída del PIB en 2020 que por lo menos - está pendiente de revisión - habrá sido del 11%. Si tomamos el PIB de 2019, 1.244.757 millones de euros, esos 287.000 millones equivalen al 23%. Golpe contundente, pues, con demasiados damnificados.
El PIB de España, en consecuencia, se ha contraído en 2020 respecto a 2019 en 124.781 millones de euros. Hay que ser conscientes de lo que eso entraña en cuanto a merma de actividad económica en diferentes sectores y sus consecuencias en forma de desaparición de empleo, persianas bajadas, locales vacíos, habituales calles comerciales que hoy destilan melancolía, insolvencias que se multiplican y, en definitiva, la profunda brecha de nuestra economía.
Para hacernos una composición de lugar digamos que en 2016 el PIB de nuestro país sumó 1.113.840 millones de euros, o sea, 6.136 millones menos que en 2020. Ese regreso al pasado de nuestro PIB puede traducirse en que, con ritmos de crecimiento digamos que normales, hasta 2024 o tal vez 2025 no retomaremos los niveles de antes de la pandemia, máxime considerando la ristra de víctimas económicas. Y que esta impresión no se tome en plan cenizo. Porque si observamos el PIB de los últimos años, en 2008 fue de 1.109.656 millones de euros, lo que significa que la caída de nuestra economía en 2020 nos deja a solo 10.320 millones por encima de aquel nefasto 2008 en que estalló la gran crisis financiera. Todos somos conscientes del esfuerzo hecho para remontar el vuelo tras el golpe crítico de los años de la crisis financiera y el espinoso camino recorrido de entonces acá.
Tanto cierre perimetral, local, comarcal, autonómico, prohibición de movilidad, reiterados confinamientos, imponer cierres de negocios y actividades, ha estrangulado a la economía española. Las decisiones gubernamentales han sido fatídicas y nocivas, sin calibrar las desastrosas consecuencias económicas ni considerar compensaciones a cambio. Con los ingresos desaparecidos, permanecen los costes fijos. Sin cobros y sin hacer caja, hay que pagar. Sin exoneraciones fiscales ni sociales, la bola de la deuda se agranda. Sin ayudas del Estado, se mata por asfixia a nuestras empresas. La inicial falta de liquidez se ha tornado en insolvencia. Turismo, ocio, hostelería, comercio, arte, transporte , han perdido 40.000 empresas. Y tras ese dato, el aluvión de destrucción de empleo que conlleva, con un reguero de dramas personales y familiares.
En ese escenario, con sendas cadenas hoteleras reclamando al Gobierno 200 millones de euros por el cierre de hoteles, se da el pistoletazo de salida para exigir las reparaciones económicas por los perjuicios ocasionados por las medidas adoptadas. Otros grupos hoteleros, cadenas comerciales y textiles, pequeños y medianos negocios, concesionarias de infraestructuras y un largo etcétera sumarán más demandas. En breve, estaremos ante un tsunami multimillonario de reivindicaciones. La hostelería no se quedará atrás. En fin, que pasivos contingentes están en trance de amenazar las ya de por sí frágiles arcas del Estado.
