Pasado mañana, Cataluña celebra sus quintas elecciones autonómicas en poco más de una década. Antes de que se abran las urnas, el independentismo deja ya clara su intención de que en el 14-F se repita el mismo escenario surgido tras todos esos comicios, al excluir toda posibilidad de acuerdo de Gobierno con el PSC.
Ése es el resultado del manifiesto contrario a los socialistas, firmado por Junts, PDeCAT y la CUP, al que también se ha sumado ERC. Este último partido no ha tenido inconveniente en adoptar dicha postura pese a las concesiones que lograron en la negociación de los Presupuestos Generales de 2021. Resulta obvio que para su estrategia electoral no resulta ahora conveniente reconocer que las Cuentas de este año prevén la mayor inversión estatal en Cataluña de los últimos diez años, que los republicanos desdeñan escudándose en el bajo nivel de ejecución presupuestaria en ese territorio. Tampoco interesa a ERC, ni al resto del secesionismo, reconocer que el 82% de la financiación del nuevo Govern provendrá de la Administración central. Con su manifiesto anti-PSC, dejan claro que su prioridad es cerrar filas para mantener la confrontación con el Estado. Está por demostrarse si la complicada aritmética parlamentaria que puede salir del 14-F permitirá a ERC mantener los planes que ahora se ha trazado.
ERC cierra todas las puertas al PSC y se reafirma en el mensaje de que mantener el conflicto constituye su prioridad
Sin embargo, el mensaje de reafirmación en el conflicto que ya transmite provocará daños. Más de 7.000 empresas han salido de Cataluña desde que se inició el procés, y los partidos que lo impulsaron siguen espoleando un éxodo que nunca se ha detenido después del 1-O. La incertidumbre que sigue amenazando a Cataluña seguirá impulsando esas huidas y la paralización de la economía catalana.
