La economía española llegó a la tercera oleada del Covid sin esperanzas de recibir ninguna ayuda pública directa para los sectores más afectados por la epidemia. Sin embargo, el Gobierno se replantea esa posición, sobre todo en lo que se refiere a los autónomos y las sociedades limitadas, es decir, aquellos negocios en los que no existe un accionariado en el que el sector público pueda tomar participación alguna.
Para estos casos, el Ejecutivo baraja adoptar el modelo de transferencias a fondo perdido que ya hace meses se puso en marcha en Francia y Alemania. De hecho, es posible que las ayudas concedidas tengan una cuantía semejante a la fijada por los Gobiernos galo y alemán, equivalente al 70-75% de la facturación que cada una de las empresas receptoras presentaba antes de la crisis. Ahora bien, en el caso español, estos cheques tendrían dos limitaciones particulares. En primer lugar, resulta lógico que no se planteen como unas transferencias sin fecha de caducidad. El tope que el Gobierno plantea, de cinco meses de duración, es razonable considerando los efectos que tendrán las campañas de vacunación. Pero igualmente importante es el requisito de que las empresas beneficiarias de las ayudas acrediten que arrojaron un resultado positivo en el ejercicio 2019, el año previo a la pandemia.
Las transferencias que el Gobierno estudia se dirigirían a empresas que puedan acreditar una razonable viabilidad
Es una situación que se puede comprobar a través de datos fácilmente accesibles, como los registros bancarios, y resulta de gran importancia para determinar que un negocio cuenta con unas mínimas expectativas de viabilidad. Las transferencias que se plantean para pymes y autónomos deben ser eficientes, lo que exige tomar medidas para que no acaben en manos de empresas zombis, ya sentenciadas.